El Gobierno envió al Congreso una ley para endurecer las penas a petroleras que operen en Malvinas
El Poder Ejecutivo Nacional giró al Congreso de la Nación el proyecto denominado “Ley de defensa de la soberanía nacional”, una iniciativa de más de 40 carillas que establece un régimen punitivo más severo contra las empresas que realicen tareas de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, busca dotar al Estado de nuevos instrumentos jurídicos y diplomáticos para responder a la actividad comercial extranjera en el Atlántico Sur.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la medida al calificarla como un hito dentro del proceso de recuperación de los territorios insulares. El proyecto descansa sobre tres objetivos centrales: castigar el aprovechamiento ilegítimo de los recursos naturales argentinos, generar mecanismos económicos y jurídicos para disuadir esas conductas en el mercado internacional, y fortalecer las herramientas de defensa del Estado ante amenazas externas.
Sanciones penales a accionistas y derogación del marco de 2011
El aspecto central de la reforma reside en el endurecimiento sustancial de las penas. La propuesta deroga formalmente la Ley 26.659, sancionada en 2011, bajo el argumento de que las disposiciones fijadas en ese momento demostraron ser insuficientes para frenar el avance de las petroleras británicas en la cuenca malvinense.
El nuevo articulado no solo agrava las escalas penales frente a las compañías que operen de manera ilegal en la plataforma continental, sino que extiende la responsabilidad directa hacia los accionistas, directores y redes de proveedores que participen en la cadena de suministros y financiamiento, cerrando vías de elusión societaria o tercerización logística.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional
En paralelo al capítulo penal y económico, el proyecto instituye la creación del Sistema de Seguridad Nacional, un dispositivo orgánico bajo la órbita de un Consejo de Seguridad Nacional. Este cuerpo tendrá como función coordinar de forma permanente las áreas de defensa militar, relaciones exteriores, inteligencia, finanzas públicas y tutela judicial, con especial foco en la custodia de infraestructuras críticas y la preservación de los recursos estratégicos en el Mar Argentino. El oficialismo remarcó en los fundamentos que las capacidades estatales actuales requieren un marco integral moderno frente a los nuevos escenarios geopolíticos.
Pedido de celeridad y llamado a la dirigencia
A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el jefe de Estado convocó a los diferentes bloques parlamentarios a dejar de lado transitoriamente las tensiones políticas para abocarse de inmediato al tratamiento del expediente: “Se invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, reza el documento oficial, enfatizando que la Causa Malvinas debe operar como una política de Estado transversal a las disputas partidarias.