Las universidades reclaman $11 billones para funcionar en 2027 y el Gobierno presupuestó un 33% menos
El debate legislativo en torno al proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo y severo foco de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público. En el texto girado a la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional asignó una partida global de $7,3 billones para las universidades nacionales, una cifra que se ubica un 33% por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó como piso indispensable para garantizar el normal funcionamiento operativo, las partidas salariales y los programas de ciencia y salud durante el próximo año.
La discrepancia central no es solo presupuestaria sino jurídica, ya que radica en el cómputo de las deudas acumuladas por la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), norma que el Congreso ratificó tras rechazar el veto de Javier Milei. Mientras el oficialismo asegura que las cuentas de los rectores contemplan exigencias gremiales desmedidas, las autoridades de las casas de estudios advierten que, si el Parlamento no introduce modificaciones sustanciales en la ley de leyes, la apertura de las aulas el año entrante quedará seriamente comprometida.
El desglose de los rectores y la alerta por las clases
El cálculo de $11 billones fue expuesto este miércoles por el CIN ante diputados y senadores en el Congreso, y comenzará a ser presentado en los próximos días a los gobernadores provinciales. Según explicó Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la masa salarial docente y no docente insume cerca del 90% del presupuesto total.
Bajo ese esquema, si el Ejecutivo proyectara estrictamente lo dictado por la ley vigente, la pauta de mínima debería comenzar en los $9,8 billones, alcanzando los $11 billones al integrar las actualizaciones necesarias para hospitales universitarios, becas, programas de investigación científica e infraestructura. “Si no logramos que el Congreso revise y actualice el texto, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, remarcó Bartolacci, recordando que las universidades sostienen que aún se adeuda una recomposición del 31,2% para emparejar la inflación.
Una disputa que escala en los tribunales
El conflicto mantiene abierto un frente simultáneo en los tribunales federales. En diciembre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó mediante una medida cautelar cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, decisión que quedó firme tras un pronunciamiento de la Corte Suprema el 25 de junio y que fue ratificada el 1 de septiembre al desestimarse un planteo del Estado para levantarla.
Frente a la falta de liquidación de esos fondos, las autoridades universitarias presentaron recursos de pronto despacho y solicitaron la aplicación de multas a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, además de promover actuaciones penales por presunta desobediencia judicial. La causa de fondo, que analiza el decreto presidencial que suspendió la aplicación práctica de la norma argumentando falta de financiamiento específico, continúa pendiente de resolución.
La postura de la Casa Rosada y la rendición de cuentas
Desde el Gobierno defienden los números remitidos al Parlamento afirmando que el funcionamiento operativo está plenamente garantizado mediante un incremento del 20% previsto en la pauta de gastos. Los voceros oficiales califican la cifra del CIN como injustificada y atribuyen los reclamos a sectores con perfil gremial o intencionalidad política.
En el plano técnico, la Procuración del Tesoro y Capital Humano argumentan que los desembolsos se ajustan a la cautelar vigente a través de las pautas paritarias acordadas —un 21,3% fijado en junio más un 3% en octubre—, asegurando que los salarios se ubican ligeramente por encima del piso legal. Asimismo, indicaron que el Presupuesto 2027 prevé la cautelar más una proyección inflacionaria del 18% dentro del refuerzo de recursos humanos, al tiempo que fijaron topes de partidas para los hospitales de la UBA e intimaron a los centros de salud universitarios de las provincias a transparentar sus balances de gastos.