Habló la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad"
Tras dictar una resolución de alto impacto político y social, la jueza Marta Elba Pascual rompió el silencio y justificó los motivos por los cuales decidió suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La magistrada sostuvo que el Estado no cuenta con los recursos materiales ni la infraestructura indispensable para absorber el ingreso de menores al sistema y desmitificó el efecto punitivo de la norma: "Hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad".
La medida judicial se produjo al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de su libertad. La flamante legislación reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, facultando el procesamiento penal por delitos tipificados en el Código Penal.
En declaraciones a Now 97.9, Pascual aclaró que no se opone per se a la baja de la edad a los 14 años, sino a las condiciones en las que se pretende implementar:
"No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes. Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito".
El debate por las detenciones y la respuesta a Bullrich
Frente a los cuestionamientos que señalan que la suspensión desprotege a las víctimas, la jueza remarcó que el marco procesal bonaerense vigente ya otorga facultades a los jueces de garantías para dictar medidas privativas de la libertad entre los 14 y 16 años, recordando que actualmente hay cerca de 100 menores de esa franja detenidos en dependencias de la provincia.
El fallo generó una inmediata réplica de la senadora nacional Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, quien acusó a la Justicia bonaerense de ser "garantista y dejar libres a los chicos para que sigan robando y asesinando", apuntando además contra el gobernador Axel Kicillof.
Pascual recogió el guante y contestó con firmeza:
"Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente. Por un lado tengo que escuchar a la víctima, pero por el otro tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia".
El objetivo de la tregua de 60 días
La magistrada explicó que la ventana de dos meses debe ser utilizada por los tres poderes del Estado para planificar un abordaje integral: definir los supervisores de cada caso, dotar de presupuesto a los centros de detención y reglamentar las medidas alternativas que contempla la legislación. "Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común", concluyó.