Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la fuerza de seguridad provincial tras radicarse una grave denuncia penal contra un integrante en actividad de la Policía de Tucumán. Se trata de un cabo que cumplía funciones en la Comisaría Seccional 6°, quien fue acusado formalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de encabezar un esquema de fraude y estafa piramidal que afectó a más de 120 familias tucumanas, con un desfalco económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.
La causa judicial se originó a partir de la presentación realizada por un empleado del Poder Judicial, quien expuso en sede judicial haber sido contactado por el uniformado bajo la promesa de facilitarle el acceso irregular y directo a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). El policía se jactaba de contar con presuntos contactos de alto nivel en la administración pública y en el arco político para eludir los sorteos oficiales.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el sospechoso ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda provincial, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar las adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales por cifras millonarias bajo el argumento de trámites administrativos reservados.
Con el transcurso de las semanas, el efectivo expandió el mecanismo: aseguró contar con una mayor cantidad de cupos disponibles y solicitó a los primeros involucrados que convocaran a familiares, amigos y compañeros de trabajo para ingresar al beneficio. Decenas de personas, confiadas en la condición de funcionario policial del gestor, transfirieron sumas que oscilaron entre los 2 y los 5 millones de pesos por damnificado.
Pese a los reiterados desembolsos, las entregas pactadas nunca se materializaron. Ante la exigencia de respuestas y la falta de documentación respaldatoria, el acusado comenzó a dilatar las explicaciones apelando a sucesivas excusas operativas. La tensión alcanzó su punto crítico durante una reunión vecinal organizada para exigir la devolución del dinero, ámbito en el cual el cabo terminó encerrándose dentro de una habitación al verse desbordado por los reclamos de los vecinos defraudados.
Frente a la gravedad institucional del hecho y el avance de las medidas en la Justicia penal ordinaria, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial resolvieron pasar a disponibilidad al cabo denunciado, abriendo de inmediato un sumario administrativo interno mientras Delitos Complejos recolecta comprobantes bancarios y testimonios para determinar su situación procesal.
