La asfixia que golpea a miles de hogares tucumanos por el encarecimiento del costo de vida y el recurso constante al crédito para cubrir gastos de primera necesidad encendió todas las alarmas en el ámbito institucional. Según un relevamiento técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de 257.000 familias de la provincia registran deudas en situación irregular. El índice de morosidad local trepó a casi el 19%, superando la media nacional y posicionando a Tucumán como el sexto distrito del país con mayor nivel de endeudamiento financiero.
Frente a este complejo diagnóstico, en la Legislatura provincial se acumulan más de media docena de proyectos de ley diseñados para articular un salvataje financiero y frenar el sobreendeudamiento. Si bien la intención original era incorporar el tratamiento de estas medidas en el orden del día de la sesión del próximo miércoles 30 de septiembre, fuentes parlamentarias confirmaron que se resolvió aplazar el debate para la sesión del jueves 8 de octubre, con el objetivo de consensuar un texto unificado que no limite el auxilio a los empleados estatales y logre extender los beneficios hacia los trabajadores del sector privado.
El abanico de propuestas parlamentarias cuenta con el impulso transversal de legisladores del oficialismo y bloques aliados —como Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Gallia, Alberto Olea y Ernesto Gómez Gómez Rossi—, referentes de la oposición como la radical Silvia Elías de Pérez, e integrantes del bloque Compromiso Tucumán como Alfredo Toscano, Claudio Viña y Rolando Alfaro. El denominador común de las iniciativas busca preservar el carácter alimentario del salario, morigerar el costo financiero total de los pasivos, refinanciar saldos de tarjetas y créditos de consumo, e implementar herramientas obligatorias de educación financiera.
Entre los proyectos focalizados en la administración pública, la iniciativa presentada por Alfredo Toscano plantea la creación de un régimen especial de financiamiento para agentes del Estado provincial y entes descentralizados cuyos ingresos no superen los seis salarios mínimos vitales y móviles. La propuesta estipula una tasa de interés del 0% para cancelar deudas de tarjetas de crédito del Banco Macro (agente financiero provincial), fijando un tope de retención salarial del 25%. El legislador fundamentó que la entidad bancaria debe absorber el costo de financiamiento como medida de alivio social urgente, considerando que gran parte de ese endeudamiento fue utilizado directamente para adquirir alimentos.
En una línea complementaria, el proyecto de Gerónimo Vargas Aignasse impulsa un marco de protección salarial que regula los términos administrativos del sistema estatal de descuento directo por recibo de sueldo. Su articulado busca impedir la pulverización del haber mensual estableciendo un tope al Costo Financiero Total (CFT) equivalente a la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, al tiempo que fija un límite estricto de afectación salarial máxima del 30% del haber neto.
Para evitar asimetrías y abarcar al conjunto de la economía tucumana, el proyecto encabezado por Alberto Olea promueve el Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal. A diferencia de los esquemas exclusivos para la administración pública, este plan contempla a residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos, abarcando a trabajadores del sector privado, cuentapropistas, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados.
El corazón de la propuesta consiste en una línea de crédito preferencial para la consolidación de deudas preexistentes mediante giros directos a los acreedores, estableciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) máxima del 35%, plazos de amortización de hasta 36 meses y cuotas mensuales que no excedan el 25% del ingreso neto del solicitante, complementado con asesoramiento interdisciplinario gratuito.
A la discusión parlamentaria se sumaron además iniciativas promovidas por la sociedad civil. La Unión de Usuarios y Consumidores junto al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acercaron dos proyectos clave:
El Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento, que crea un procedimiento administrativo gratuito con audiencias de conciliación para fijar quitas de capital, períodos de gracia y rebajas sustanciales de tasas.
La reforma de la Ley N° 8.365, con el objetivo de conformar la Red Provincial de Puntos de Atención a Consumidores y Usuarios, esquema que busca descentralizar la recepción de trámites y mediaciones a través de bocas de atención en los 19 municipios y las 93 comunas rurales de la provincia.
