Una abogada que se desempeña como dependiente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán fue formalmente imputada por la Justicia provincial y quedó bajo régimen de arresto domiciliario por el plazo de 30 días. La medida fue resuelta tras ser aprehendida por el robo de una billetera en el interior de una dependencia municipal y la posterior ejecución de múltiples maniobras fraudulentas con tarjetas de crédito y débito que estaban a nombre de la víctima y su entorno cercano.
El hecho investigado ocurrió en horas de la mañana del pasado 18 de septiembre, alrededor de las 10:30. De acuerdo con la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la letrada se apersonó en las instalaciones del Complejo Ledesma, predio ubicado en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento, esgrimiendo la justificación de que necesitaba entrevistarse de manera urgente con el director de la repartición para gestionar un presunto traslado de sector hacia la Dirección de Deportes.
Aprovechando un instante de distracción del personal que se encontraba atendiéndola en las oficinas, la mujer sustrajo de manera ilegítima una billetera que se encontraba guardada dentro de una mochila. En el interior del accesorio había diversa documentación de identidad, tarjetas bancarias de diferentes entidades y una importante suma de dinero en efectivo fraccionada en montos de $49.066,71 y $20.550, sumas con las que se retiró rápidamente del establecimiento comunal.
Posteriormente al hurto, la acusada utilizó uno de los plásticos bancarios para concretar consumos inmediatos en distintos puntos de la capital: efectuó un gasto por $23.000 en un local gastronómico y otra operación posterior por un importe de $50.605,54 en una sucursal de una reconocida cadena de farmacias. En la correspondiente audiencia de control, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás solicitó 30 días de prisión preventiva efectiva para cautelar la producción de pruebas pendientes; sin embargo, tras evaluar los fundamentos de la acusación y de la defensa técnica, el juez interviniente convalidó el plazo procesal solicitado pero dispuso que la medida coercitiva se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario.
