La investigación judicial por las presuntas maniobras defraudatorias dentro de la concesionaria Fürth Automotores sumó un giro procesal determinante a horas de resolverse las medidas cautelares. El fiscal Diego Cortes notificó una ampliación sustancial de cargos e imputó al tucumano Ángel Gerardo Caro (33) como presunto jefe de una asociación ilícita, mientras que ubicó a Matías Llado y a Graciela Alejandra Moyano en calidad de miembros de la banda criminal. Con este nuevo encuadre penal, el Ministerio Público Fiscal solicitará formalmente la prisión preventiva de los tres acusados en una audiencia fijada ante la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas.
De acuerdo con la hipótesis que sostiene la acusación pública, la organización comenzó a operar al menos en diciembre de 2024 aprovechando la estructura comercial, los canales administrativos y los sistemas de cobro de la concesionaria. El esquema permitía simular operaciones de compraventa regulares mientras se omitía el registro oficial de los fondos entregados por los clientes, habilitando el desvío sistemático de dinero en efectivo, cheques y dólares hacia circuitos paralelos.
La fiscalía ubica a Caro en el vértice de la estructura delictiva gracias a su condición de apoderado y gerente general de la firma. Desde ese puesto jerárquico, el exdirectivo intervenía en la autorización de operaciones especiales y disponía la reasignación de los pagos recibidos: el dinero que ingresaba un comprador era imputado de manera discrecional a carpetas de otros clientes para cubrir baches contables previos, dejando al verdadero pagador en una situación formal de deuda pese a haber cancelado su unidad.
Un testimonio incorporado recientemente al expediente expuso la mecánica: el empleado Alejandro Trucco declaró haberle entregado a Caro la suma de 18.000 dólares en mano propia para una operación determinada, pero la auditoría interna detectó que esos fondos terminaron aplicados a preventas ajenas. Las declaraciones de otros seis empleados coincidieron en que las transacciones pactadas en moneda extranjera eran autorizadas directamente por Caro, quien fijaba el tipo de cambio antes de derivar los billetes a casas de cambio informales mediante colaboradores coordinados por Llado.
El rol asignado a Llado consistía en captar a los compradores, cerrar las condiciones comerciales y recibir los pagos, mientras que Moyano, desde su puesto en el sector de cajas, recibía materialmente el dinero, omitía la emisión de recibos oficiales y facilitaba la salida de los valores. La causa registra que a través de este circuito irregular se habrían concretado al menos 144 entregas de vehículos cero kilómetro —muchos de ellos rodando con "patentes rojas"— mientras los fondos no ingresaban a la contabilidad de la empresa. En el caso de la cajera, los testimonios señalan que llegó a percibir pagos de hasta 60 millones de pesos entregando comprobantes apócrifos.
Al momento de prestar declaración indagatoria ante el fiscal, Caro negó de forma categórica haber integrado cualquier tipo de organización criminal y rechazó la acusación de haber ejercido una jefatura delictiva. El exgerente sostuvo que el caudal probatorio reunido hasta el momento no acredita los delitos atribuidos y descalificó las declaraciones de los empleados que lo incriminaron, asegurando que sus testimonios se encuentran condicionados por presiones de los actuales directivos de Fürth Automotores para conservar sus puestos de trabajo.
En contrapartida, la defensa técnica de Graciela Moyano, encabezada por los abogados Javier Leiva y Lucas Díaz, solicitó medidas urgentes para elevar la investigación hacia las máximas esferas de la firma. Los letrados reclamaron que se cite a declarar a los propietarios, socios y miembros de los órganos societarios de la compañía, además de reconstruir la verdadera cadena administrativa, contable y de toma de decisiones, sosteniendo que la empleada no formaba parte del entramado delictivo y que sus funciones respondían a órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos.
