El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de un hombre de 66 años (P.M.S) y de su hijo de 38 (M.S), acusados de liderar un millonario negocio inmobiliario clandestino sobre terrenos protegidos pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La resolución judicial dio por acreditada la responsabilidad del principal acusado como presunto autor de tres hechos de usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado sobre bienes de dominio público, mientras que a su hijo se lo consideró partícipe secundario de las maniobras.
La causa, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit junto a la auxiliar fiscal Julia Vitar (Fiscalía Federal N° 2), investiga el avance del emprendimiento denominado “Las Pirámides”, emplazado en pleno Parque Sierra de San Javier. Además del procesamiento, la Justicia trabó embargos sobre los bienes de los imputados por un total de 700 millones de pesos —500 millones para el padre y 200 millones para el hijo—. Como antecedente, se remarcó que el mayor de los imputados ya registraba una condena penal firme dictada en diciembre de 2024 a un año de prisión en suspenso y una multa de 30 millones de pesos por desobediencia a funcionario público.
El expediente tuvo como punto de partida una medida cautelar dictada en diciembre de 2018 que había prohibido expresamente toda obra, desmonte, apertura de caminos o tala en el predio. Pese a la manda judicial, las inspecciones con drones y peritajes de Gendarmería Nacional documentaron una sistemática expansión: en 2019 se constataron 25 casas terminadas; en 2022 sumaron otras 21 construcciones con tala masiva; y en abril de 2024, un operativo de la Unidad Especial de Gendarmería y personal de la UNT relevó 54 inmuebles.
Posteriormente, peritajes del Departamento de Geodesia y Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT georreferenciaron un total de 70 edificaciones, rodeadas por cercos perimetrales y carteles con leyendas de "propiedad privada". El desmedido crecimiento urbano en plena reserva natural tuvo su reflejo directo en la red eléctrica: la investigación determinó que el único medidor registrado a nombre del acusado principal pasó de consumir 155 kWh en 2012 a picos de 8.627 kWh, lo que representó un incremento del 3.572% en el consumo de energía para abastecer a la urbanización ilegal.
El Ministerio Público Fiscal acreditó la comercialización irregular tras incorporar publicaciones en plataformas digitales, recibos y al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios, la mayoría formalizados con posterioridad a la prohibición judicial de 2018. En los contratos, P.M.S alegaba una posesión centenaria y supuestos derechos de usucapión, pese a que la Dirección Provincial de Catastro le había denegado el plano de mensura en 2009 y la Justicia remarcó que los terrenos universitarios son bienes de dominio público desde 1948, lo que los torna inalienables, imprescriptibles y legalmente fuera del comercio.
Respecto al hijo del líder de la maniobra, la Justicia determinó que su accionar excedió el mero vínculo familiar: ofrecía parcelas en redes sociales, obstruyó y amenazó a efectivos de Gendarmería y letrados de la UNT en inspecciones oculares, recibía transferencias de los compradores en su cuenta de Mercado Pago y administraba la firma San Javier WIMAC SAS, mediante la cual proveía internet a las familias instaladas ilegalmente. En paralelo, el juzgado elevó al Consejo de la Magistratura la solicitud de fondos para que investigadores del CONICET (IER e INTEPH) cuantifiquen el daño ambiental derivado de la tala, desmonte y alteración del ecosistema en la yunga tucumana.
