Escándalo en la Armada: denuncian fraude por $1.600 millones en sueldos y retornos

Siete oficiales aportaron pruebas sobre una maniobra sistemática en la liquidación de haberes que involucra a militares de alto rango y personal civil. La trama salió a la luz cuando una teniente se negó a cobrar un suplemento con una devolución obligatoria del 50%. La causa ya tramita en el Juzgado Federal N° 2.
Política16 de septiembre de 2026

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Un estremecedor expediente por presunta corrupción sacude las entrañas del edificio Libertad. La Justicia Federal investiga un circuito clandestino de desvío de fondos públicos en la Armada Argentina estimado en torno a los $1.600 millones, estructurado mediante la liquidación irregular de haberes, la asignación de suplementos fraudulentos con pedidos de retornos y la apropiación continuada de partidas presupuestarias pertenecientes a personal retirado o dado de baja de la fuerza.

La presentación formal quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, luego de que al menos siete oficiales rompieran el pacto de silencio y detallaran ante las autoridades el funcionamiento de un esquema de pagos ilegales que involucra a unas 25 personas, abarcando desde personal civil de administración contable hasta oficiales superiores de alta jerarquía.

La teniente que dijo que no y desarmó la estructura

De acuerdo con los testimonios incorporados a la denuncia interna, el engranaje de desvío —que venía operando de forma sistemática desde 2022— colapsó debido a la negativa de una oficial subalterna a sumarse a la maniobra ilícita:

  • El intento de captación: A una teniente de la fuerza le ofrecieron liquidarle un suplemento salarial extraordinario con la condición innegociable de reintegrar la mitad del monto en efectivo a sus superiores.

  • Presión interna: Al rechazar la propuesta, la oficial comenzó a sufrir hostigamiento por parte de capitanes involucrados en la maniobra, quienes consideraron su postura íntegra como una amenaza directa para el circuito clandestino.

  • Denuncia y quiebre: La negativa de la mujer derivó en una denuncia formal que habilitó la recopilación de testimonios de otros integrantes de la fuerza naval.

Sueldos fantasmas, CUILs sin control y el rol del SIAF

La operatoria delictiva combinaba la falta de auditorías cruzadas entre dependencias públicas con la connivencia entre el área técnica civil y las firmas de autorización militar:

  • Partidas de personal dado de baja: Uno de los denunciantes reveló que los encargados de las nóminas informaban al Ministerio de Defensa y a Economía los números de CUIL de efectivos que ya habían sido desvinculados o pasados a retiro: “Pedían por ejemplo 40.000 dólares para pagar sueldos cuando en realidad correspondían 30.000, porque 10.000 pertenecían a bajas. Ese excedente no tenía control porque sólo se enviaba el número de CUIL y se lo repartían entre los implicados”.

  • Retornos del 50%: A efectivos en actividad se les asignaban suplementos especiales (como ítems por buceo u operaciones específicas) sin cumplir funciones para ello: “Les daban 400.000 pesos de suplemento pero debían devolver 200.000 a la corona. Esos fondos terminaban en cuentas bancarias particulares”.

  • El foco en los contadores: Las miradas internas apuntan al personal civil del área de liquidación de sueldos y a los Servicios Financieros de la Armada (SIAF), sindicados por los testigos como los diseñadores del circuito que luego rubricaban los mandos navales.

"Tolerancia cero" y expectativa por medidas judiciales

Tras la filtración de las denuncias, en las filas de la fuerza circuló un mensaje atribuido a la superioridad institucional en el que remarcaron que “la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable” y aseguraron que existirá “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo”.

Mientras tanto, en los pasillos de la fuerza reina un marcado malestar entre el personal de línea, que exige que la Justicia Federal profundice las imputaciones más allá de los primeros 15 señalados y alcance a todos los eslabones que se beneficiaron con el cobro indebido de haberes durante los últimos cuatro años.

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