Una crisis de proporciones institucionales e imprevisibles consecuencias internas sacude los cuarteles militares del país. En medio de un hermetismo riguroso, el Ministerio de Defensa que conduce el general Carlos Presti dispuso auditorías integrales sobre los sistemas de liquidación de haberes en las tres armas —Armada, Ejército y Fuerza Aérea— tras constatarse un desfalco sistemático superior al millón de dólares en las cuentas de la Marina. El escándalo, tramitado en las entrañas del histórico Edificio Libertad, no solo derivó en el apartamiento de altos mandos y la apertura de una causa penal federal, sino que dinamitó el clima interno en una tropa golpeada por haberes en mínimos históricos y un severo ajuste presupuestario.
La maniobra delictiva se estructuró en el Departamento de Revista de la Armada, la oficina contable encargada de confeccionar las nóminas salariales. Desde allí, los implicados generaban órdenes de pago infladas hacia el Banco Nación que diferían deliberadamente de los montos reales asentados en los registros internos. La pesquisa administrativa, iniciada en febrero pero demorada durante siete meses, estalló en los últimos días con el pase a disponibilidad del capitán de navío Ariel Atanassof, luego de que se comprobara que su esposa —ajena a la institución castrense— percibió transferencias por más de 100.000 dólares.
El esquema de desvíos incluyó a otros nueve oficiales contadores y a tres civiles sin relación contractual con la fuerza. La gravedad del cuadro forzó la intervención de la Justicia federal: el fiscal Ramiro González formalizó la imputación contra 23 personas beneficiarias de 645 acreditaciones ilegales. Dado que el sistema informático y el mecanismo de emisión de pagos bancarios es análogo en las tres armas, Presti ordenó extender de urgencia los peritajes al Ejército y a la Fuerza Aérea, ante la presunción de que la cifra detectada "apenas representaría el 10% del fraude total".
La orden de auditoría profundizó la desconfianza hacia la figura del ministro Presti, sindicado en los pasillos de las guarniciones como el ejecutor del plan de ajuste fiscal promovido por el presidente Javier Milei. En el seno castrense, la indignación por la corrupción convive con el malestar generalizado por las bajas remuneraciones, que han provocado un goteo incesante de renuncias calificadas hacia el sector privado.
El episodio más paradigmático se produjo en la Fuerza Aérea: un piloto asignado al flamante sistema de combate F-16 presentó la baja voluntaria para desempeñarse como piloto de aviones de fumigación agrícola. La decisión estuvo motorizada por la brecha salarial —pasó de percibir $1,5 millones a más de $5 millones mensuales— y por la escasez operativa, ya que el recorte de partidas solo habilita una hora de entrenamiento mensual por aeronave (con un costo operativo de 10.000 dólares la hora entre combustible y repuestos bajo protocolo). Un éxodo similar protagonizó un capitán de la Marina, quien solicitó el pase a retiro para asumir el mando de un buque pesquero privado, donde los ingresos en alta mar pueden rozar los 30 millones de pesos por temporada.
El clima de tensión se alimenta de un paquete de decisiones presupuestarias resistidas por la oficialidad:
Base Ushuaia y submarinos: En las previsiones presupuestarias oficiales, la construcción de la base estratégica de Ushuaia debe autofinanciarse con partidas ordinarias de la Armada, las cuales prácticamente no sufrieron variaciones. A su vez, quedó descartada la adquisición financiada de un submarino para reemplazar la pérdida del ARA San Juan.
Cierre de Punta Indio: El Ejecutivo planifica la reducción operativa y eventual clausura de la histórica base aeronaval bonaerense, tras la negativa de Federico Sturzenegger y Luis Caputo a destinar 8 millones de dólares para la repavimentación de su pista de aterrizaje (una de las cuatro que posee la fuerza junto a Espora, Trelew y Río Gallegos).
Quiebra en la obra social: IOSFA acumula un pasivo declarado de 200.000 millones de pesos tras la administración anterior de Luis Petri, con prestaciones interrumpidas a nivel nacional.
El frente de la marina mercante: La iniciativa impulsada por Sturzenegger para desregular el cabotaje nacional y franquearle el paso a buques extranjeros se encuentra momentáneamente paralizada. La objeción vino por partida doble: la advertencia de la Liga Naval sobre el desabastecimiento en caso de conflicto bélico y la preocupación transmitida por el embajador estadounidense, Peter Lamelas, ante la inminente radicación de gigantescas navieras estatales chinas en los ríos argentinos.
