El tablero electoral de Brasil registró un punto de inflexión. Por primera vez en lo que va de la campaña hacia los comicios presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva quedó por debajo de su principal adversario, el legislador conservador Flávio Bolsonaro —hijo del exmandatario Jair Bolsonaro—, en las proyecciones para el balotaje del próximo 25 de octubre.
De acuerdo con el último estudio de opinión pública elaborado por la consultora BTG/Nexus (relevado entre el 4 y el 7 de septiembre), el candidato de la derecha reúne el 46% de las intenciones de voto para la segunda vuelta, sumando un punto porcentual respecto a mediciones anteriores. En tanto, Lula se ubica en el 45%, manteniéndose sin variaciones. Si bien el resultado configura un empate técnico dentro del margen de error estadístico —en línea con otros sondeos recientes—, el informe confirma la pérdida de la ventaja que venía sosteniendo el oficialismo.
En lo relativo a la primera vuelta, el actual jefe de Estado retuvo el 39% de las adhesiones de la semana previa, mientras que Bolsonaro creció dos puntos para alcanzar el 35%. En el tercer lugar se consolidó como alternativa el escritor y psiquiatra centrista Augusto Cury, quien interrumpió su curva ascendente al retroceder del 11% al 9%.
El reacomodamiento en las preferencias populares coincide con el escándalo político que sacude al Supremo Tribunal Federal (STF). La controversia tiene como figura central al juez Alexandre de Moraes —habitualmente vinculado en la percepción pública al oficialismo del Partido de los Trabajadores (PT)—, quien quedó involucrado a raíz de sus contactos con el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master y actualmente detenido por una estafa de proporciones inéditas.
El conflicto emergió tras la difusión de un informe policial que sacó a la luz comunicaciones enviadas por Vorcaro a una línea adjudicada a Moraes, en las que el empresario le solicitaba paralizar las pesquisas que finalmente terminaron en su arresto. El magistrado a cargo de esa causa penal, André Mendonça —exministro de Justicia durante la presidencia de Jair Bolsonaro—, dispuso levantar el secreto de sumario, permitiendo la filtración de los documentos. Fuentes diplomáticas brasileñas indicaron que la decisión de Mendonça obedeció a un interés electoral, sin que ello exima a Moraes por sus presuntos vínculos con el financista. La situación del integrante de la Corte se complicó aún más al constatarse que el estudio jurídico de su esposa había celebrado un contrato millonario con la entidad bancaria bajo investigación.
Por su parte, el propio Flávio Bolsonaro aparece alcanzado por las revelaciones, habida cuenta de mensajes que dan cuenta de una estrecha relación personal con Vorcaro, financista del documental Dark Horse, centrado en la vida y presidencia de Jair Bolsonaro.
Las tensiones en el máximo tribunal escalaron este martes cuando el juez Mendonça dictó la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del jefe de Inteligencia de la fuerza, Leandro Almada da Costa, acusándolos de montar un esquema de espionaje ilegal tras la detección de informes con datos personales y políticos de jueces y funcionarios.
En respuesta inmediata, Moraes publicó los reportes de la Policía Federal y acusó formalmente a Mendonça por abuso de autoridad, sosteniendo que su par cortesano dirigió pesquisas irregulares con fines políticos para perjudicarlo tanto a él como al titular del Senado, Davi Alcolumbre.
El cruce judicial repercutió de inmediato en el terreno electoral:
La reacción de la oposición: Flávio Bolsonaro celebró la medida judicial al manifestar públicamente que el "grupo especial de Lula en la Policía Federal fue desenmascarado oficialmente".
La postura del oficialismo: Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña del PT, denunció que Brasil atraviesa "una crisis institucional sin precedentes en su historia" y advirtió sobre la captura de funciones estatales con propósitos proselitistas.
Tensión en la fuerza de seguridad: El nuevo titular interino de la corporación, William Murad, expresó su respaldo absoluto a Rodrigues, al tiempo que once jefes de división de la Policía Federal pusieron sus renuncias a disposición, rechazando las maniobras de tinte político-electoral que forzaron la salida de la cúpula policial.
