El Gobierno español rescata su plan de vivienda con un fondo de €10.000 millones

En un movimiento de fuerte impacto político y económico tras la convocatoria a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre (29-N), el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó en Consejo de Ministros una versión reforzada de los dos decretos ley de vivienda que habían sido rechazados días atrás por el Congreso de los Diputados. La nueva propuesta incorpora una línea de financiamiento de 10.000 millones de euros orientada a facilitar la primera compra de inmuebles, al tiempo que blinda la protección frente a desahucios e introduce estímulos fiscales para el alquiler.

Con las Cortes Generales formalmente disueltas, el Ejecutivo buscará convalidar este paquete de 21 medidas regulatorias a través de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario de guardia donde el peso de los votos de Junts se reduce sensiblemente y el bloque oficialista aspira a tejer una mayoría alternativa.

Créditos a interés cero y movilización de suelo público

La principal novedad del paquete económico radica en una inyección de recursos canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO):

• Préstamos para la primera compra: se creará un fondo de 10.000 millones de euros para otorgar créditos a interés cero (0%) de hasta 50.000 euros, destinados a cubrir las entradas hipotecarias con un esquema intergeneracional que excede al segmento juvenil.

• Freno a la especulación y empresa estatal: el Estado movilizará suelo y edificios en desuso de la Seguridad Social a través de la firma pública Casa 47.

• Impulso a la construcción: se destinarán 280 millones de euros en avales directos para promover la edificación industrializada y una partida de 400 millones de euros para acelerar promociones de vivienda asequible.

Desahucios hasta 2030, alquileres e IVA a pisos turísticos

El decreto principal conserva el núcleo de protección social y regulatoria sobre el mercado de arrendamiento:

• Blindaje contra desalojos: se extiende la suspensión de desahucios hasta el año 2030 para personas vulnerables ("No voy a permitir un desahucio más como el de Maricarmen", remarcó Sánchez en rueda de prensa).

• Freno a fondos buitre: se restringe la compra especulativa hasta 2028 y se limitan las adquisiciones por parte de corporaciones de inversión por debajo del 70% del valor de mercado.

• Presión sobre alojamientos temporarios: se fija un IVA del 10% para las viviendas de uso turístico —frente al 4% para la vivienda de protección oficial— y se regulan los contratos de temporada y alquiler por habitaciones.

• Topes a los precios y beneficios fiscales: deducciones de hasta 1.000 euros anuales en el IRPF para inquilinos de ingresos medios, bonificaciones a pequeños propietarios que fijen valores accesibles, prórroga de dos años en contratos vigentes y un tope anual a la actualización de rentas hasta 2027 (congelación si superan el índice o máximo del 2%).

La aritmética parlamentaria en la Diputación Permanente

El futuro de los dos textos legales dependerá de los 69 miembros de la Diputación Permanente. Al no contar con el poder de veto pleno que Junts ejerció en el pleno del Congreso, el oficialismo suma el respaldo de sus socios habituales (ERC, EH Bildu y Podemos).

Bajo este esquema, la posición que adopte el Partido Nacionalista Vasco (PNV) resultará determinante: una abstención o aval del nacionalismo vasco garantizaría la convalidación del decreto de mayor peso normativo, mientras que su rechazo dejaría en suspenso la segunda norma vinculada a las prórrogas contractuales automáticas.