La causa judicial que investiga la megaestafa millonaria contra la concesionaria Fürth Automotores tuvo una definición de alto impacto procesal. Tras una audiencia que se prolongó por más de dos horas de debate, la Cámara de Apelaciones resolvió este jueves hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocó de forma unánime la excarcelación que había otorgado la semana pasada el juez de Control y Garantías, Gastón Merino. En su lugar, el tribunal dispuso la prisión preventiva para el tucumano Gerardo Caro (exgerente), Matías Llado (exjefe de ventas) y Graciela Moyano (excajera).
La resolución fue rubricada por los magistrados Sandra Generoso, Cristian Vittar y Gabriela Núñez, quienes determinaron que los tres acusados de conformar una presunta asociación ilícita deben permanecer tras las rejas. La medida convalida la postura sostenida en las últimas horas por la fiscal de la causa, Dra. Victoria Ledesma, y se concatena con el fallo previo del juez Darío Alarcón, quien horas antes había frenado las fianzas de los imputados por presentar documentación en fotocopias y carente de respaldo registral, impidiendo que recuperaran la libertad antes de esta resolución superior.
Al fundamentar la decisión de dictar la prisión preventiva, los integrantes del tribunal de alzada hicieron especial hincapié en la existencia de un concreto peligro procesal de entorpecimiento probatorio por parte de los imputados.
Los camaristas consideraron que el expediente se encuentra en una etapa todavía incipiente y de notable complejidad operativa, por lo que la excarcelación concedida por el juez Merino resultó una determinación apresurada que no contempló la envergadura del fraude investigado. En esa línea, remarcaron que la Fiscalía necesita avanzar en la recolección de pruebas periciales, contables y testimoniales sin ningún tipo de interferencia, condicionamiento o presión externa por parte de los exdirectivos de la concesionaria.
No obstante la severidad de la medida cautelar, el tribunal fijó un plazo temporal de hasta ocho meses para revisar de oficio la prisión preventiva, supeditando su vigencia al avance real de las evidencias y a la subsistencia de los riesgos procesales identificados.
El pronunciamiento de la Cámara generó una inmediata reacción por parte de las defensas técnicas. El abogado de Matías Llado, Dr. Miguel Torres, confirmó que recurrirá el fallo mediante un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por considerarlo carente de andamiaje legal:
“La resolución es totalmente arbitraria, toman como antecedente el rechazo de la eximición de Llado de hace 40 días, pero no merituaron los riesgos procesales de manera específica, objetiva y actual”.
El letrado criticó que no se hayan evaluado de forma individualizada los presupuestos procesales de cada imputado, señalando que la Cámara aplicó criterios homogéneos sin fundamentar los motivos técnicos por los cuales Llado podría obstruir la pesquisa judicial. Ante esto, solicitó que el máximo tribunal provincial imprima celeridad al tratamiento del planteo.
Con este revés judicial para Caro, Llado y Moyano, el mapa de la causa consolida a la totalidad de los acusados bajo prisión preventiva.
El expediente continúa su curso sumarial para desentrañar el circuito patrimonial del desfalco en perjuicio de la firma comercial, manteniendo privados de la libertad no solo a la cúpula de ventas y administración, sino también a Spertino y Montoya, los otros dos involucrados en el entramado ilícito cuyas defensas intentan articular nuevos planteos excarcelatorios.
