El acceso a un techo propio continúa consolidándose como una de las deudas sociales e infraestructurales más complejas de la provincia. De acuerdo con las estimaciones oficiales del Gobierno provincial, el atraso estructural alcanza actualmente a unas 60.000 soluciones habitacionales, un concepto técnico integral que no solo contempla la edificación de casas nuevas desde cero, sino también obras de ampliación, terminación y refacción de unidades ya existentes.
El diagnóstico y el cronograma de obras en marcha fueron expuestos por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, junto al interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Hugo Cabral, quienes repasaron los proyectos en ejecución, los plazos de entrega y las modificaciones en el sistema de recupero de las cuotas sociales.
En materia de obras a corto plazo, Nazur precisó que en octubre se concretará la adjudicación de 22 viviendas en comunas rurales ejecutadas mediante el programa de materiales y mano de obra comunitaria:
“En estos meses venimos trabajando con el IPV en las distintas obras que llevamos adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Tenemos siete viviendas en El Polear, cinco viviendas en Villa Quinteros, cinco viviendas en El Mojón y cinco viviendas en El Naranjo y El Sunchal. Eso es con el plan Promat, por el cual el instituto pone los materiales y los propios delegados comunales ponen la mano de obra”.
A esta nómina se sumarán 28 unidades en Burruyacú y 48 viviendas en Río Seco, correspondientes a la etapa de cierre de un emprendimiento global de 135 casas.
Hacia el primer trimestre de 2027, la cartera prevé habilitar urbanizaciones financiadas con fondos provinciales: 60 casas en el barrio Policial (Capital), 77 en Los Bulacios y 35 en La Cocha. En paralelo, Nazur remarcó el ritmo de obra en el megacomplejo de Manantial Sur (proyecto que la Provincia absorbió tras el retiro de fondos nacionales y que abarca 1.600 lotes con servicios y 1.400 viviendas), estimando que para el segundo trimestre de 2027 estarán listas unas 300 unidades habitacionales.
Por su parte, el interventor del IPV, Hugo Cabral, enfatizó que la problemática tucumana se inserta en un contexto regional crítico:
“El déficit habitacional de Tucumán es enorme. Se puede revertir, pero hacen falta programas y políticas adecuadas para cada situación, porque no todo el déficit es igual. No todo es vivienda nueva, algunas son ampliaciones y otras mejoras del servicio. Además, no todo amerita el mismo tipo de vivienda, hoy estamos trabajando más con vivienda evolutiva. El déficit, respecto a otras provincias, es similar a todo el NOA y NEA. Todo el norte tiene el mayor déficit junto con la provincia de Buenos Aires”.
Cabral expuso la discrepancia existente entre las estadísticas censales y la demanda real que golpea las puertas del organismo:
“Nosotros tenemos 61.700 inscriptos en el IPV en toda la provincia, a pesar de que el censo dice que tenemos un déficit de 33.000. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque para el censo, si estás alquilando, no estás en situación de déficit habitacional, pero en realidad la mayoría de los que alquilan no lo hacen como opción, lo hacen porque no les queda otra”.
Para mitigar la desvalorización de las cuotas y frenar la morosidad, el IPV puso en marcha un esquema de amortización regido por la Unidad de Vivienda de Tucumán (UVT), indicador que ajusta según los costos reales de los insumos de la construcción:
“Hicimos este cambio enorme porque prácticamente se estaba dilapidando el capital invertido con cuotas irrisorias. Algunos de los que menos ganan pagarán 50 UVT, los que más ganan pagarán 300 UVT; algunos pagarán la vivienda en 12 años y otros en 40, pero todos van a pagar una buena parte del capital invertido”.
Finalmente, el funcionario recordó cómo es el mecanismo administrativo y de verificación social para evitar intermediaciones fraudulentas y transparentar las adjudicaciones:
“Una vez que se termine el sorteo, los que han tenido la suerte de salir en beneficio tienen que presentar la documentación que acredite la veracidad de los datos que han puesto en la declaración jurada para ir al sorteo. Una vez que presenten todo eso, si está todo bien, llaman para la inspección, que la realiza una licenciada en Trabajo Social. Ella hace un informe y recién son adjudicatarios”.
