En una determinación institucional poco habitual dentro de los viajes de Estado, el presidente Javier Milei integró a tres magistrados dentro de la comitiva oficial que viajará a París, a partir de una propuesta impulsada de manera directa por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La nómina de invitados desató repercusiones en los tribunales por la presencia de Sergio Fernández, influyente integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y actual vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de hermano del operador judicial y auditor general de la Nación, Javier Fernández.
La lista de jueces que acompañarán la gira europea se completa con el camarista federal porteño Eduardo Farah y un magistrado oriundo de la provincia de Río Negro. El desembarco de Fernández en el avión presidencial cobra relevancia luego de que el Tribunal de Disciplina de la calle Viamonte que integra aplicara recientes sanciones contra Estudiantes de La Plata y su titular, Juan Sebastián Verón, por no participar del saludo protocolar a Rosario Central tras la consagración en la Liga.
Desde la asunción de Mahiques al frente de la cartera de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, distintos despachos de Comodoro Py emitieron pronunciamientos que coincidieron con las pretensiones procesales del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino. Las suspicacias en torno a los vínculos cruzados aumentaron tras trascender que el padre del ministro y miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, celebró su fiesta de cumpleaños en la imponente mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares que se encuentra bajo la lupa judicial.
Precisamente sobre esa propiedad, la Sala I de Casación Penal —con los votos de Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, y la disidencia de Alejandro Slokar— resolvió semanas atrás que la investigación por presunto lavado de dinero contra Toviggino regrese al Juzgado Federal de Campana, conducido por Adrián González Charvay, apartando a la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia.
La resolución se adoptó pese a que Barroetaveña había sido recusado por Elisa Carrió debido a su pasado en el Comité de Ética de la AFA. Desde que el expediente volvió a la órbita de Campana, el trámite evidencia una marcada lentitud sujeta a peritajes contables sobre los ingresos declarados de Luciano Pantano y su madre para justificar la operación inmobiliaria.
En paralelo a estas maniobras, el ex inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, cuestionó con dureza en declaraciones a Dato sobre Dato (Ecomedios) el fallo de la Sala D de la Cámara Civil —integrada por Juan Converset, Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia— que convalidó el traslado de la sede legal de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el territorio bonaerense:
“La Cámara dice que como la provincia de Buenos Aires aceptó a la AFA y que la IGJ dejó de tener jurisdicción. Eso es un error enorme. Ningún acto administrativo provincial puede hacer desaparecer un control nacional establecido por ley. Si esto fuera así, cualquier asociación civil, club o fundación que tuviera problemas con un organismo de control podría mudarse a otra provincia y dejar de responder ante la jurisdicción de origen”.
El exfuncionario judicial sentenció que los camaristas "no leyeron el expediente" y desmintió que la IGJ haya convalidado administrativamente la mudanza:
“A la AFA se la intimó para que explicara cuestiones vinculadas con los balances. Fue notificada, concurrió a la Inspección General de Justicia, tomó vista del expediente, presentó un descargo, adjuntó documentación y sus auditores fueron a explicar la situación”.
