Abren juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación y tráfico de influencias
En una resolución de alto impacto institucional en España, el juez de instrucción Juan Carlos Peinado abrió formalmente juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La medida judicial alcanzó también a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, quien será juzgada por presunta malversación en calidad de cooperadora necesaria por el desvío de un software institucional.
En su auto judicial, el magistrado dispuso que ambas acusadas sean juzgadas ante un tribunal con jurado popular. Para fundamentar la elevación a juicio, Peinado sostuvo que las gestiones de Gómez y de su colaboradora ante la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no se dieron en un contexto ordinario, sino bajo la influencia directa de su condición de cónyuge del jefe de Estado, señalando un "cambio radical" en su perfil profesional tras la llegada del PSOE al poder en 2018.
Asimismo, el magistrado requirió a la Agencia Tributaria las últimas cinco declaraciones del IRPF de Begoña Gómez para evaluar su capacidad patrimonial y determinar el monto de una eventual multa proporcional, aunque resolvió no imponer medidas cautelares adicionales. El fallo se dictó a días de que Peinado concrete su jubilación efectiva este domingo y mientras Sánchez encabeza una gira oficial en Nueva York por la Asamblea General de la ONU.
El proceso llega a juicio oral luego de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara el procesamiento en julio, acotando la imputación al tráfico de influencias y la malversación, y apartando del jurado popular al empresario Juan Carlos Barrabés. De cara al debate, la querella de Hazte Oír reclama 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, en tanto que las defensas y la Fiscalía solicitaron la absolución total.
La medida reactivó la polarización política en Madrid. Desde el Gobierno calificaron la instrucción de "arbitraria, injusta y orientada al acoso político", asegurando que la inocencia de Gómez quedará demostrada ante los tribunales. En contrapartida, desde el Partido Popular (PP) repudiaron los cuestionamientos oficialistas hacia el magistrado y remarcaron que en un Estado de derecho la inocencia o culpabilidad la determinan exclusivamente los jueces.