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title: "Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y a otros 23 acusados por corrupción"
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description: "El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos en la investigación por presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos e insumos médicos. La causa también detectó diferencias de precios por más de $7.833 millones."
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date_published: "2026-10-16T12:06:00-03:00"
date_modified: "2026-10-16T12:07:52-03:00"
author_name: "Nico Vedia"
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# Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y a otros 23 acusados por corrupción

![20250826-diego-spagnuolo-2087307](/download/multimedia.normal.8d17db4995df035c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)El juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el procesamiento de otras cinco en una nueva etapa de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La resolución se centra en las contrataciones de medicamentos e insumos médicos y ortopédicos realizadas a través del Programa Incluir Salud. Entre los principales acusados cuyos procesamientos fueron ampliados se encuentran el exfuncionario Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de la asociación ilícita investigada.

La medida también alcanzó a Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados integrantes de esa organización. Los cinco habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión que luego fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

Según la resolución, los hechos investigados podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En determinados casos, también se atribuyó presunto lavado de activos agravado.

## Empresarios y proveedores, entre los procesados

La resolución incluyó a empresarios vinculados con distintas firmas proveedoras de la ANDIS. Entre ellos figuran Emilio César Olguín, relacionado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella, vinculados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; Claudio Alejandro Kahn, relacionado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.; y Osmar Mariano Caballi, vinculado con Farma Salud S.R.L.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, relacionados con empresas del rubro ortopédico; Humberto Gabriel Maone, vinculado con Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, relacionado con Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L., entre otras firmas.

La medida alcanzó, además, a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, quienes habrían cumplido funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo, vinculadas con las invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.

En otro tramo, el magistrado procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado. La investigación sobre ambos se relaciona con circuitos financieros y comerciales vinculados con Miguel Ángel Calvete y la firma Baires Fly S.A.

Asimismo, Lautaro Valentín Brítez fue procesado como presunto miembro de la asociación ilícita. En paralelo, el juez dictó la falta de mérito para otras 11 personas indagadas, por lo que consideró necesario profundizar la investigación respecto de ellas.

## Diferencias de precios por más de $7.833 millones

Uno de los puntos centrales de la resolución es la cuantificación provisoria de las diferencias de precios detectadas en las contrataciones.

A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones de compra de insumos médicos. Esa cifra se suma a los $5.984.594.394,24 previamente calculados en el rubro medicamentos.

En conjunto, los montos ascienden a **$7.833.872.357,24**, según la estimación incluida en la resolución. El documento aclara que se trata de una cuantificación provisoria y parcial, elaborada a partir de las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.

La investigación examinó adquisiciones correspondientes a seis segmentos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.

## La hipótesis de una estructura organizada

En su análisis, Lijo sostuvo que las pruebas reunidas permiten considerar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la existencia de una organización que habría operado dentro y fuera de la ANDIS.

De acuerdo con la resolución, la presunta estructura habría estado integrada por funcionarios del organismo, operadores externos, empresarios vinculados con las empresas proveedoras y personas encargadas de recibir y canalizar fondos derivados de las maniobras investigadas.

El mecanismo bajo investigación habría incluido la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos a favor de determinadas empresas.

El documento también señala que esas prácticas habrían generado beneficios económicos indebidos para proveedores y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización. La reiteración de las operaciones y los vínculos entre sus protagonistas son parte de los elementos considerados por el magistrado.

La resolución cita, además, antecedentes de la Sala II de la Cámara Federal sobre las contrataciones realizadas mediante el sistema SIIPFIS. En esa instancia, se indicó que las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos se habrían definido por fuera de los mecanismos legítimos.

El fallo remarca que la investigación no se limita a las diferencias de precios detectadas, sino que también busca determinar si existió un mecanismo organizado de contratación pública destinado a favorecer intereses particulares, así como la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.

La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, quien continúa adelante con una nueva etapa de la investigación.

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