--- canonical_url: "https://ontv.com.ar/contenido/1262/aysa-cuatro-legisladores-acudieron-a-la-justicia-para-frenar-la-venta-del-90-de-" title: "AySA: cuatro legisladores acudieron a la Justicia para frenar la venta del 90% de la empresa" article_type: "Article" description: "Ana María Ianni, Florencia Carignano, Adán Bahl y Jorge Capitanich presentaron un amparo contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Reclaman conocer la tasación oficial de la compañía y piden suspender la adjudicación hasta que se haga pública la documentación." main_image: "https://ontv.com.ar/download/multimedia.normal.873bc00604171c90.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-09T14:23:00-03:00" date_modified: "2026-10-09T14:24:48-03:00" author_name: "Nico Vedia" author_url: "https://ontv.com.ar/usuario/4/nico-vedia" --- # AySA: cuatro legisladores acudieron a la Justicia para frenar la venta del 90% de la empresa ![aysa-2344217](/download/multimedia.normal.873bc00604171c90.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Cuatro legisladores nacionales recurrieron a la Justicia para intentar frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de un amparo, solicitaron que el Gobierno informe cuánto vale oficialmente la empresa estatal y que se suspenda la adjudicación de la licitación que contempla la venta del 90% de sus acciones. La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción judicial está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía y encabezada por Diego Martín Chaher. Los legisladores pidieron que se ordene la entrega del texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, que declaró reservada la información sobre las tasaciones de empresas públicas, y del informe integral de valuación de AySA, incluidos los criterios metodológicos, las proyecciones económicas y la tasa de descuento utilizada. Además, solicitaron una medida cautelar para suspender la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 y evitar la firma del contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se entregue la documentación. En el escrito advirtieron que avanzar con la operación sin conocer la valuación oficial podría generar un perjuicio irreversible al patrimonio público, al impedir que se controle si el precio de venta se corresponde con el valor real de la compañía. ## El cuestionamiento a la reserva de las tasaciones Uno de los ejes del amparo es la decisión de la ATEP de mantener bajo reserva los informes de tasación de las empresas públicas que se encuentran en proceso de privatización. Según los denunciantes, el organismo dictó la Resolución ATEP 1/2026 el 1 de abril de este año, pero la norma no fue publicada en el Boletín Oficial. Para los legisladores, esa decisión contradice la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y el principio de publicidad de los actos de gobierno. Los firmantes sostuvieron que la información en poder del Estado debe ser accesible, salvo las excepciones expresamente previstas por la legislación. También cuestionaron que la agencia rechazara dos pedidos de información presentados el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con la presentación, la ATEP respondió invocando el carácter reservado de los documentos y cuestionando la legitimación de los legisladores para reclamarlos. Para los integrantes de la comisión bicameral, la negativa obstaculiza tanto el acceso a la información pública como las tareas de control que el Congreso tiene asignadas sobre los procesos de privatización. En ese sentido, citaron el artículo 14 de la Ley 23.696, que establece que la comisión debe recibir información permanente sobre las circunstancias vinculadas con esas operaciones, junto con la documentación correspondiente. Los legisladores también rechazaron que la tasación pueda considerarse un secreto comercial que impida el acceso del Congreso y de la ciudadanía. Argumentaron que las ofertas económicas ya fueron presentadas e incorporadas al expediente, por lo que divulgar el valor oficial de AySA no otorgaría una ventaja competitiva a los participantes. ## Las objeciones al método de valuación El amparo también cuestiona el procedimiento utilizado para determinar el valor de las empresas estatales sujetas a privatización. Según los legisladores, a partir de la Ley Bases 27.742 y sus normas reglamentarias, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) habría sido desplazado de su función en esas valuaciones. En su lugar, la tarea habría quedado en manos de una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La presentación señala que se habría utilizado el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, un sistema que proyecta los ingresos y egresos futuros de una compañía y los actualiza para calcular su valor presente. Los denunciantes cuestionaron ese mecanismo porque, según sostienen, las estimaciones sobre ganancias futuras podrían derivar en una subvaluación de los activos estatales. Por ese motivo, solicitaron que también se requiera al Tribunal de Tasaciones de la Nación la documentación relacionada con los pedidos de valuación, las actas de su cuerpo colegiado y la Resolución TTN 88/2025. El propósito es establecer qué organismos intervinieron y cuáles fueron los parámetros aplicados para calcular el valor de AySA. ## Qué piden para frenar la privatización Los legisladores fundamentaron la medida cautelar en el riesgo de que la adjudicación y la transferencia de acciones se concreten antes de que los órganos de control puedan acceder a la información. Según plantearon, si la operación avanza sin que se conozca la tasación oficial, una eventual sentencia posterior podría no ser suficiente para reparar el perjuicio. Por eso, reclamaron una suspensión temporal del procedimiento hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de informar. La solicitud no apunta, según el escrito, a cancelar definitivamente la privatización, sino a condicionar su avance a la entrega de la documentación y a garantizar la transparencia del proceso. Además, pidieron que se declare la nulidad de la reserva establecida por la Resolución ATEP 1/2026 y que se ordene entregar tanto esa norma como el informe completo de valuación de AySA. Como parte de las pruebas, incorporaron los reclamos administrativos presentados ante la agencia, la respuesta firmada por Chaher el 1 de octubre de 2026 y una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La causa quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. En paralelo, también tramita la denuncia ante la PIA. La definición judicial será clave para determinar si el proceso de privatización puede continuar en las condiciones actuales o si deberá suspenderse hasta que se conozca oficialmente cuánto vale la empresa estatal. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.