Causa ANDIS: Garbellini explicó por qué hablaba de “ofrendas” con empresarios

El exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel Garbellini, presentó un descargo ante la Justicia en el que rechazó las acusaciones formuladas por el fiscal federal Franco Picardi y buscó explicar el significado de algunos de los mensajes encontrados en su teléfono.

Entre ellos aparece una conversación con el empresario Miguel Ángel Calvete, en la que Garbellini escribió “sus ofrendas de esta semana” junto con información sobre pagos a proveedores. Para la Fiscalía, esa expresión hacía referencia a presuntos retornos de dinero derivados de contrataciones direccionadas. Garbellini, en cambio, sostuvo que se trataba de un término vinculado con sus creencias religiosas.

El exfuncionario también explicó su relación con Pablo Atchabahian, otro de los imputados en la investigación. Según su versión, ambos se conocen desde 2010 a través del Instituto de Diálogo Interreligioso y en ese ámbito era habitual utilizar expresiones como “hermano” o “familia” entre personas que compartían una comunidad de fe.

Garbellini sostuvo que ese lenguaje no tenía relación con acuerdos económicos ni con una presunta organización dedicada al cobro de coimas.

La acusación de la Fiscalía

El descargo fue presentado luego de que Picardi ampliara las imputaciones en el expediente. La investigación sostiene que Garbellini, Atchabahian, Calvete y el exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo habrían ocupado lugares de conducción dentro de una asociación ilícita que habría operado en el organismo.

La Cámara Federal confirmó recientemente los procesamientos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete, Atchabahian y otros acusados, en una causa que investiga presuntos hechos de asociación ilícita, defraudación y negociaciones incompatibles, entre otras conductas.

Uno de los elementos analizados son las comunicaciones entre los imputados. En el caso de Garbellini, la Fiscalía también puso bajo la lupa una lista de empresas y montos que el exfuncionario habría enviado a Calvete.

Según la acusación, esa información formaba parte de un mecanismo destinado a beneficiar a determinados proveedores mediante el sistema de compras SIIPFIS. La defensa sostiene, en cambio, que Garbellini únicamente remitió esos datos ante los reclamos de empresas que esperaban cobrar prestaciones ya realizadas.

El exfuncionario negó haber entregado información privilegiada para obtener beneficios ilegales y rechazó de manera categórica haber recibido o gestionado retornos.

Qué dijo sobre las contrataciones

Otro de los puntos cuestionados por Garbellini fue la utilización de procedimientos de contratación abreviados. El exdirector afirmó que las denominadas compulsas especiales respondían a la necesidad de atender prestaciones consideradas urgentes y que estaban contempladas dentro del régimen de contrataciones del Estado.

Según su explicación, durante su gestión existían reclamos judiciales, amparos y embargos vinculados con demoras en prestaciones destinadas a personas con discapacidad, por lo que se recurría a mecanismos rápidos para garantizar la continuidad de la atención.

La Fiscalía sostiene una interpretación diferente y afirma que esos procedimientos habrían sido utilizados para generar una competencia aparente entre proveedores previamente seleccionados. La investigación también incorporó informes que señalan presuntos sobreprecios y adjudicaciones concentradas en determinadas empresas.

Garbellini negó haber decidido qué empresas participaban de las cotizaciones y sostuvo que el sistema SIIPFIS convocaba automáticamente a proveedores registrados que reunían las condiciones exigidas.

También rechazó haber firmado órdenes de pago y aseguró que no contaba con usuario ni firma digital para realizar esas operaciones.

Los mensajes que complican al exfuncionario

Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen además conversaciones en las que Garbellini habría impartido instrucciones relacionadas con determinados proveedores. La Cámara Federal mencionó, entre otros intercambios, un mensaje de julio de 2025 en el que escribió: “Con esta droguería no se va a trabajar más”.

Para los investigadores, esas comunicaciones permitirían reconstruir una intervención en los procesos de compras que no respondería exclusivamente a criterios administrativos.

La defensa, por su parte, sostiene que las decisiones cuestionadas tuvieron fundamentos vinculados con incumplimientos de las empresas y con la operatoria interna del organismo.

La causa continúa bajo investigación del fiscal Picardi y permanece en manos del juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N.º 11. En paralelo, la Justicia mantiene bajo análisis las distintas pruebas incorporadas al expediente, entre ellas chats, documentación de contrataciones y peritajes.