Escándalo Fürth Automotores: excarcelaron al tucumano Caro y pedirán juicio político al juez

Un fallo de último momento provocó un verdadero terremoto en los Tribunales de Santiago del Estero y dejó al borde de un jury de enjuiciamiento al juez de Control y Garantías, Gastón Merino. Tras un cuarto intermedio cargado de hermetismo, el magistrado resolvió rechazar los pedidos de prisión preventiva formulados por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la inmediata excarcelación de los principales imputados en la megacausa por el desfalco a Fürth Automotores: Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano. Para recuperar la libertad, el juez les impuso cauciones reales sin precedentes en el fuero local: $70 millones para Caro, $70 millones para Llado y $20 millones para Moyano, además de la entrega de pasaportes, prohibición absoluta de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia durante los próximos seis meses.

La resolución causó estupor entre litigantes y querellantes, quienes advirtieron que la medida "puso el proceso en riesgo supino", dejando abierta la posibilidad de fuga, el contacto indebido con testigos o la adulteración de documentación probatoria que aún resta asegurar. El rechazo a la prisión preventiva desoyó la pretensión de los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés, quienes sustentaron la necesidad del encierro preventivo al imputar formalmente el delito de asociación ilícita, situando a Gerardo Caro como presunto jefe u organizador de la banda, y a Matías Llado y Graciela Moyano en calidad de integrantes.

La maniobra delictiva bajo la lupa judicial es de proporciones colosales: la Fiscalía determinó que las operaciones fraudulentas comenzaron en 2024 y se extendieron hasta el primer semestre de 2026, calculando un perjuicio económico que supera los $6.900 millones. Por su parte, la querella de Fürth Automotores denunció desembolsos comprobados por más de $5.300 millones, además de decenas de vehículos comercializados de manera irregular cuyo paradero forma parte de las pericias. Pese a que el juez modificó la calificación legal sumando la figura de asociación ilícita e intimó a la Fiscalía a realizar con urgencia una pericia contable integral para precisar el monto del desfalco y las responsabilidades individuales, en los pasillos de Tribunales se remarcó el contraste numérico: la caución de $70 millones apenas representa alrededor del 1% del daño investigado, funcionando como una salida económica desproporcionada frente a una causa de semejante escala.

Sin embargo, el factor que terminó de desatar una crisis institucional sin retorno fue la revelación sobre la conducta funcional del magistrado. Según trascendió desde el entorno de los damnificados, el juez Merino se encontraba gozando de una licencia por viaje, decidió suspenderla e interrumpirla de manera intempestiva al solo efecto de intervenir en la audiencia clave que definía las libertades, excarceló a Caro, Llado y Moyano en tiempo récord y, consumadas las liberaciones, volvió a solicitar la licencia de forma inmediata. Ante esta secuencia, considerada de una gravedad institucional inusitada, los abogados de la parte damnificada y sectores de la querella confirmaron que avanzarán con una presentación formal para iniciarle juicio político y solicitar su destitución, al considerar que su accionar pulverizó la confianza pública y desamparó a las víctimas en uno de los fraudes económicos más resonantes de la historia provincial.