El Ministerio Público Fiscal de Tucumán puso la lupa sobre una presunta organización delictiva tras consumarse una millonaria estafa digital contra una jubilada de 74 años en la capital provincial. La maniobra, investigada por la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, conducida por Diego Hevia, derivó en la identificación de tres sospechosos directos que habrían articulado el engaño bajo el pretexto de gestionar la cobertura total de medicamentos ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST).
El episodio se desencadenó cuando la víctima atendió una comunicación vía WhatsApp originada desde una línea con el logo oficial del organismo provincial y la denominación "Atención Personalizada". Un falso operador le aseguró que debía validar sus datos para sostener el beneficio del 100% de cobertura en sus remedios habituales. Durante el intercambio, el estafador le solicitó fotografías de los fármacos que consumía diariamente y, alegando requerimientos del sistema para finalizar el trámite, le exigió las claves de acceso de home banking del Banco Macro y de su cuenta en Tarjeta Naranja.
La mujer, quien declaró ante las autoridades no contar con manejo de plataformas digitales, brindó las credenciales solicitadas. Minutos después de finalizar el contacto telefónico, la damnificada constató que los delincuentes gestionaron a su nombre un préstamo express por $10 millones, el cual fue acreditado en su cuenta sueldo del Banco Macro, transferido de forma inmediata a la billetera virtual Naranja X y posteriormente triangulado hacia distintas cuentas bancarias de terceros. Además del crédito, le sustrajeron $248.000 de sus ahorros personales. Tras advertir el vaciamiento, la jubilada acudió con auxilio de familiares y vecinos a radicar la denuncia formal en la Comisaría Seccional 9°.
La pesquisa penal apunta de momento contra la persona que ejecutó el llamado extorsivo y los titulares de las cuentas receptoras de los fondos, quienes ya cuentan con antecedentes en otros legajos judiciales por maniobras idénticas. El abogado querellante, Juan Guerrero, solicitó formalizar la imputación por estafa mediante suplantación de identidad y advirtió que la banda suele inducir a las víctimas a descargar programas de acceso remoto como Supremo Mobile Assist para tomar control total de los teléfonos. En paralelo, la querella inició gestiones urgentes ante la entidad bancaria para frenar el cobro de las cuotas del préstamo, las cuales ascienden a $700.000 mensuales, una cifra que compromete casi la totalidad de los haberes jubilatorios de la víctima, que apenas superan el millón de pesos.
