En una jornada de alta tensión parlamentaria, la Cámara de Senadores sancionó de forma definitiva la denominada ley de Inocencia Fiscal II, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para flexibilizar la exteriorización de tenencias financieras y desregular las condiciones de ingreso al régimen simplificado de Ganancias (RSG). La votación arrojó una mayoría de 44 votos a favor aportados por La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, contra 23 rechazos del interbloque kirchnerista, dejando en suspenso hacia el cierre de la sesión el tratamiento del régimen de biocombustibles promovido por las provincias del noroeste argentino.
La normativa sancionada, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde fines de agosto, introduce modificaciones sustanciales en el esquema tributario para personas humanas con residencia fiscal en el país. La reforma dispone la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que restringían la adhesión al sistema simplificado, expandiendo de manera masiva el universo de contribuyentes alcanzados. En paralelo, acota el poder sancionatorio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableciendo que el ente recaudador solo podrá impugnar declaraciones cuando determine inconsistencias de magnitud debidamente fundadas sobre el impuesto liquidado y no sobre saldos finales, garantizando además la rectificación de errores formales sin expulsión automática del padrón.
El tramo más áspero del debate en el recinto se concentró en la cláusula incorporada en la Cámara baja que prohíbe taxativamente el ingreso de funcionarios públicos al régimen especial. El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, denunció que el texto funciona como un blanqueo encubierto diseñado a la medida de exintegrantes del gabinete investigados por la Justicia y sostuvo que la redacción prácticamente extingue el delito de evasión impositiva. En idéntica sintonía crítica, el senador Jorge Capitanich remarcó que la presunción de inocencia tributaria no puede operar como una convalidación legal sobre el origen de patrimonios no justificados.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich cruzó las objeciones opositoras y ratificó que ningún funcionario de la actual gestión ni legislador podrá acogerse a los beneficios de la flamante ley. La jefa de bancada libertaria defendió el nuevo esquema como un sistema inteligente capaz de distinguir inconsistencias menores o desvíos formales de las maniobras de fraude deliberado. Por su parte, el miembro informante Bruno Olivera Lucero y la senadora radical Silvana Schneider destacaron que la norma confiere previsibilidad y seguridad jurídica ante el fisco, buscando generar incentivos concretos para reincorporar a la economía formal los más de 170.000 millones de dólares que los ahorristas argentinos resguardan fuera del circuito bancario.
