Nico Vedia
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las herramientas legales para sancionar actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros espacios comprendidos en el reclamo argentino. El texto también propone cambios en materia de seguridad, defensa e infraestructura crítica.
La propuesta ingresó a la Cámara de Diputados y establece un nuevo régimen que reemplazaría a la Ley 26.659. Entre sus principales puntos figura la ampliación de las sanciones: ya no quedarían limitadas a los hidrocarburos, sino que alcanzarían actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin autorización argentina.
El proyecto también contempla a empresas, accionistas, controlantes y proveedores que participen o faciliten operaciones consideradas ilegales. Según el tipo de conducta, prevé penas de prisión, multas calculadas en equivalentes de barriles de petróleo e inhabilitaciones para desarrollar determinadas actividades comerciales.
Entre las sanciones más severas previstas aparecen las vinculadas con la extracción de hidrocarburos. El proyecto contempla penas de 15 a 20 años de prisión y multas equivalentes a entre 150.000 y tres millones de barriles de petróleo para quienes, sin autorización, realicen actividades de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en las áreas alcanzadas por la iniciativa.
Para otras actividades de exploración o explotación de recursos no renovables, las penas previstas pueden llegar a 12 a 20 años, con multas de hasta dos millones de barriles de petróleo.
También se establecen sanciones para quienes proporcionen bienes o servicios esenciales que permitan desarrollar las actividades prohibidas. En esos casos, el proyecto contempla penas de entre cinco y siete años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
El régimen incluye, además, consecuencias sobre las operaciones de las empresas en territorio argentino, como la posibilidad de rescindir contratos, revocar habilitaciones y establecer restricciones para contratar con el Estado.
La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes hayan desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones. El mecanismo permitiría solicitar la regularización si se acredita el cese de esas operaciones y existe un compromiso de no reiterarlas.
El proyecto contempla que la regularización pueda realizarse mediante el pago de una multa o la reconversión de inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. En determinadas condiciones, ese procedimiento podría extinguir la acción penal.
Además, el Ejecutivo propone derogar la Ley 26.659 y reemplazar el esquema vigente por el nuevo régimen.
Otro de los ejes del proyecto es la creación de herramientas específicas para la protección aeroespacial y marítima.
La propuesta establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles. En el ámbito marítimo, incorpora mecanismos para detener e inspeccionar embarcaciones y contempla una secuencia que incluye advertencias, disparos de advertencia y, como última instancia, medidas destinadas a inutilizar un buque.
El proyecto también amplía el alcance de la Defensa Nacional frente a amenazas externas y prevé la utilización de capacidades estatales para la protección de infraestructura crítica.
Uno de los cambios institucionales centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que reunirá bajo una misma estructura funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente de la Nación. Entre sus integrantes permanentes figuran el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El Consejo tendría entre sus funciones asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y coordinar su aplicación entre las distintas áreas del Estado.
También tendría competencias relacionadas con el control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, además de la elaboración de estrategias para proteger infraestructuras consideradas críticas.
El proyecto contempla, además, herramientas económicas para responder ante determinadas amenazas externas. El Consejo podría proponer o disponer medidas como restricciones sobre operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, además del bloqueo temporal de activos.
En determinadas circunstancias, también se prevé la posibilidad de elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
La iniciativa suma modificaciones vinculadas con el financiamiento extranjero de campañas electorales y establece nuevos delitos relacionados con operaciones de inteligencia, entrega de información reservada y acciones destinadas a interferir en procesos electorales o manipular la opinión pública.
Tras enviar el proyecto, el Ejecutivo pidió a la dirigencia política priorizar su tratamiento y dejar en pausa otras discusiones para avanzar con la iniciativa. El Gobierno presentó la propuesta como una herramienta integral para la defensa de la soberanía y la coordinación de distintas áreas del Estado.
La cuestión Malvinas constituye una política de Estado reconocida en la Constitución Nacional, que establece el reclamo argentino sobre las islas y fija como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía, conforme a los principios del derecho internacional.
Ahora el proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario en el Congreso, donde se debatirán tanto las nuevas sanciones como los cambios propuestos para el sistema de seguridad y defensa nacional.
