Nico Vedia
Un nuevo frente judicial se abrió alrededor de los proyectos petroleros desarrollados en las inmediaciones de las Islas Malvinas. La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras vinculadas con Sea Lion, mientras que en los tribunales de Comodoro Py avanza una investigación penal relacionada con otras compañías del sector.
La primera decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien dispuso que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited no puedan iniciar ni continuar determinadas tareas del proyecto hasta que se concrete una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La medida fue solicitada por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.
La cautelar alcanza las tareas que forman parte del desarrollo de Sea Lion, entre ellas la perforación marina, la instalación de infraestructura submarina y el inicio de la extracción comercial.
También quedan comprendidas las obras complementarias vinculadas con el proyecto, como instalaciones portuarias, bases logísticas, sistemas de conducción y control, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, además de infraestructura de apoyo.
La prohibición permanecerá vigente hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la legislación argentina y la autoridad competente adopte una decisión.
La resolución tomó en cuenta un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado en febrero de 2026, según el cual no se había presentado un aviso de proyecto ni iniciado un procedimiento de evaluación ambiental con las empresas demandadas.
Para la jueza, existían elementos que indicaban que Sea Lion había pasado de la etapa de proyecto a una fase de ejecución.
Entre la documentación analizada se encuentran la decisión de inversión adoptada en diciembre de 2025, anuncios sobre nuevos pozos y contrataciones relacionadas con infraestructura y equipos destinados a la perforación y producción.
Borruto consideró que postergar la intervención judicial hasta que las obras estuvieran terminadas podía dificultar una eventual protección ambiental.
La magistrada también marcó un límite a su decisión: la cautelar no implica que se haya demostrado la existencia de un daño ambiental. La cuestión que consideró relevante en esta instancia es la ausencia de una evaluación ante organismos argentinos que permita determinar los posibles impactos y las medidas necesarias para prevenirlos o mitigarlos.
Además de detener las obras, la Justicia ordenó a Rockhopper y Navitas presentar en diez días judiciales documentación sobre el estado del proyecto.
Las compañías deberán aportar datos sobre pozos, cronogramas, equipos, contratistas, estructura societaria, fuentes de financiamiento y desembolsos.
También deberán informar sobre estudios ambientales, análisis de riesgo, modelos de posibles derrames, planes de contingencia y compañías aseguradoras y reaseguradoras.
La resolución les impuso asimismo la obligación de conservar la documentación vinculada con Sea Lion para evitar que pueda ser destruida, alterada u ocultada.
Por ahora, Borruto no hizo lugar a un pedido para bloquear de manera general operaciones financieras relacionadas con el proyecto, al considerar que esa medida podía alcanzar a terceros que todavía no estaban suficientemente identificados.
Mientras tanto, el Juzgado Federal N° 11 impulsó una causa penal contra Desire Petroleum Limited, a partir de un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli.
El expediente busca determinar si la empresa, sus controlantes o personas vinculadas desarrollaron actividades hidrocarburíferas en áreas próximas a Malvinas sin autorización de la Argentina.
El tribunal solicitó antecedentes a distintos organismos nacionales y dispuso medidas para conocer la composición accionaria, autoridades y representación legal de Desire Petroleum.
También se pidió información sobre el grupo Rockhopper y se ordenó avanzar con requerimientos de información bancaria relacionada con las actividades investigadas.
Una de las medidas apunta al Reino Unido, donde se solicitará información societaria y antecedentes sobre eventuales licencias hidrocarburíferas de Desire Petroleum.
Los dos expedientes avanzan por caminos diferentes. Mientras Río Grande analiza preventivamente la cuestión ambiental y la ejecución de Sea Lion, Comodoro Py busca establecer si pudieron existir delitos vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Por el momento, ninguna de las causas resolvió de manera definitiva las cuestiones de fondo.
