El proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla una reducción de dos puntos en la presión tributaria, al tiempo que ratifica la consolidación del superávit financiero con una fuerte concentración de las partidas en el área social: el 74,6% del gasto total estará destinado a la asistencia directa de personas.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la recaudación combinada de impuestos y de recursos de la seguridad social descenderá del 21,2% del PBI estimado para fines de 2026 al 19,2% en 2027. Esta merma en la carga fiscal no obedece primordialmente a una quita de alícuotas, sino al efecto denominador del crecimiento económico: al proyectarse una expansión del PBI del 4%, la economía se agranda y la recaudación pierde peso relativo respecto del tamaño global de la actividad.
Los ingresos fiscales proyectados exhiben comportamientos dispares entre las obligaciones impositivas generales y los aportes previsionales:
Ingresos tributarios: Sumarán $203,7 billones (14,8% del PBI), con una suba nominal del 30,6%, ubicándose por encima de la pauta de inflación anual proyectada en 18%.
Seguridad Social (ANSES): Aportará $62,3 billones (4,4% del PBI), con un avance nominal del 19,6%, casi a la par del IPC. La desaceleración en este renglón se debe a la absorción de recursos provocada por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Recursos totales consolidados: Ascenderán a $219,3 billones (15,5% del PBI), donde el 90,5% ingresará por la Administración Nacional, el 7% por entes no empresariales, el 2,4% mediante fondos fiduciarios y el 0,1% restante a través de empresas públicas.
El gasto total consolidado del Sector Público Nacional se presupuestó en $216 billones (15,3% del PBI). Descontando los servicios netos de la deuda externa e interna, el gasto primario absorberá el 14,2% del producto.
La estructura de las erogaciones ratifica una marcada rigidez presupuestaria:
Prestaciones previsionales: Las jubilaciones y pensiones representarán el 45,4% del gasto total.
Transferencias corrientes: Se llevarán el 28% del presupuesto, destinadas principalmente a programas asistenciales, planes sociales y subsidios focalizados.
Inversión pública en mínimos: Los gastos de capital representarán apenas el 2,9% del total (0,4% del PBI), reflejando el repliegue sostenido del Estado nacional en obras públicas directas.
Con este esquema de ingresos y erogaciones, el Gobierno proyecta para 2027 un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI) y un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI).
A diferencia del presupuesto previo —donde una subestimación inflacionaria inicial obligó a aplicar severos recortes sobre partidas discrecionales—, las pautas para 2027 muestran metas más prudentes al indexar cerca de la mitad del gasto al IPC. No obstante, el programa descansa sobre la premisa de un crecimiento del PBI del 4%. Analistas económicos advierten que si la actividad no alcanza esa tasa, la recaudación caerá por debajo de lo estimado; con un 74,6% del gasto blindado por ley para asistencia social y jubilaciones, al Palacio de Hacienda solo le quedaría un margen del 25,4% del gasto para ajustar ante cualquier eventual desvío fiscal.
