La Casa Rosada decidió subir la apuesta y fijar un límite estricto en su relación con las provincias. En la antesala del inicio del debate de la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el Gobierno nacional lanzó un ultimátum directo a los mandatarios provinciales: no habrá ningún tipo de acuerdo ni alianza electoral para los comicios de 2027 con aquellos gobernadores o fuerzas políticas que no acompañen la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La directiva fue impartida por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, quien trazó una línea tajante para las negociaciones parlamentarias que encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La premisa libertaria apunta a un objetivo estratégico central: impedir que el peronismo y los bloques opositores dispongan de la herramienta de las PASO para dirimir sus internas y ordenar candidaturas en 2027.
El oficialismo encara una pulseada cuesta arriba en la Cámara alta, donde rige una mayoría calificada estricta para modificaciones electorales:
Falta de consenso inicial: La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció la complejidad del panorama: "No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos", admitió, anticipando una ronda con expositores y especialistas.
El paquete de reformas: Además de la suspensión de las primarias, el texto impulsa la incorporación de la ficha limpia, la reducción de los aportes estatales a los partidos con mayor protagonismo de financiamiento privado, la afiliación digital y requisitos más duros de territorialidad para mantener la personería electoral.
El plan alternativo de las "PAS": Ante la resistencia en varias bancadas, en Balcarce 50 barajan reactivar la opción de que las primarias pasen a ser optativas y no obligatorias (PAS), una alternativa que puertas adentro también consideran una vía para exponer la movilización del justicialismo.
El calendario legislativo impone una carrera contrarreloj. Los tiempos del debate se superpondrán de lleno con el ingreso del Presupuesto 2027, la herramienta que concentra las demandas de recursos, obras públicas y fondos fiscales de los gobernadores del interior.
A ello se sumó la advertencia formal de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que a través de una acordada recordó que los estándares internacionales desaconsejan modificar las reglas de juego comiciales con menos de seis a tres meses previos al inicio formal del calendario electoral.
