El expresidente Mauricio Macri repudió públicamente la resolución judicial que suspendió la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el titular del PRO calificó de “inaceptable” que un tribunal de primera instancia frene una norma federal y alertó sobre un grave avasallamiento institucional: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas; simplemente, no puede hacer eso”.
En sus argumentos, Macri apuntó de lleno contra los fundamentos de la magistrada interviniente, señalando que la medida carece de sustento fáctico:
Crítica a la justificación del fallo: Cuestionó que la jueza haya argumentado que "el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir", al sostener que la decisión se apoyó únicamente en presunciones personales y no en elementos probatorios incorporados a la causa.
Impacto en el territorio bonaerense: Remarcó la distorsión que genera que una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo quede sin efecto "en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino por decisión de un juzgado de primera instancia".
Equilibrio republicano: Concluyó que se trata de una "muy preocupante alteración del equilibrio entre los poderes del Estado" y sentenció que el país "solo se construye con jueces que respeten la Constitución".
La polémica medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras admitir un hábeas corpus preventivo colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada dispuso una suspensión por 60 días fundamentada en el déficit de infraestructura edilicia y asistencial del Estado bonaerense para albergar a los menores que ingresarían al régimen.
La Ley 27.801 —sancionada en febrero pasado— fijó la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, prohibió la pena de prisión perpetua para menores de edad, estableció un tope máximo de 15 años de encierro y contempló dispositivos de monitoreo electrónico junto a medidas socioeducativas.
El fallo judicial desató una fuerte ofensiva política y penal:
Pedidos de jury: Desde La Libertad Avanza, el referente bonaerense Sebastián Pareja catalogó la sentencia de "profundamente antidemocrática", mientras que el diputado provincial Manuel Passaglia confirmó que impulsará un pedido formal de jury de enjuiciamiento contra la jueza Pascual.
Apelación de la Fiscalía: El Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora recurrió la resolución alegando una invasión de facultades legislativas y solicitó que se deje sin efecto la cautelar hasta tanto resuelva la Cámara de Apelación y Garantías.
