Síndicos de Algodonera Avellaneda piden cerrar las tres plantas y despedir a 243 empleados

Advierten que la hilandería pierde hasta $815 millones por mes y enfrenta una intimación de corte de luz; el juez Lorenzini debe resolver en 10 días mientras corre el plazo de venta.
Economía17 de noviembre de 2026

image

La crisis de Algodonera Avellaneda, declarada en quiebra desde el pasado 14 de octubre, sumó un giro dramático. La Sindicatura judicial a cargo de la administración de la empresa —integrada por María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono— presentó ante el juzgado el informe del artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) solicitando el cierre preventivo y ordenado de sus tres plantas productivas y la extinción de los contratos laborales de más de 200 trabajadores, manteniendo únicamente dotaciones de guardias mínimas.

El pedido plantea un marcado contraste con la resolución firmada días atrás por el juez Fabián Lorenzini, quien había establecido las bases para la venta de activos describiendo una hilandería en producción y lista para ser adquirida en marcha. Sin embargo, los síndicos reconocieron un cambio de criterio tras analizar los números reales de operación: “Cada día de continuación genera gastos del concurso (art. 240 LCQ) que se pagan con preferencia y que, en definitiva, soporta la masa de acreedores, empezando por los propios trabajadores”, argumentaron.

La solicitud alcanza a la hilandería del Parque Industrial de Reconquista (Santa Fe) y a las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco), una vez que finalice la producción actualmente en curso. Ahora, el magistrado dispone de un plazo máximo de 10 días para resolver si ordena apagar las máquinas.

Déficit de hasta $815 millones y el peso asfixiante de la electricidad

Según el relevamiento contable de la sindicatura, la única actividad vigente de la compañía son los contratos de fasón —procesamiento de unos 300.000 kilos mensuales para Insumos XXI y Sir Cotton—, que generan una facturación mensual estimada en $424,8 millones. Sin embargo, ese ingreso resulta insuficiente frente a una estructura de gastos desbordada:

  • Masa salarial: sueldos, cargas sociales, ART, seguros y aguinaldo demandan $354,5 millones mensuales.

  • Costo energético: la factura de electricidad oscila entre $533 millones y $782,5 millones por mes, representando por sí sola el 63% del costo total. A ello se suma una deuda exigible superior a los $9.281 millones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que ya intimó el pago de más de $4.603 millones bajo apercibimiento de corte.

  • Déficit operativo: sumando insumos ($36,8 millones) y mantenimiento e impuestos ($65,6 millones), la hilandería acumula una pérdida mensual de entre $565 millones y $814,7 millones (unos USD 538.800).

Los síndicos señalaron que los clientes rechazaron actualizar la tarifa del fasón o hacerse cargo del consumo eléctrico, mientras que las desmotadoras no tendrán ingresos propios hasta la cosecha de 2027 y se sostenían con anticipos de La Nueva Vicentin de Grassi ($345,9 millones) que constituyen deuda futura.

El impacto sobre los 243 empleados y el cronograma de venta

Al decretarse la quiebra existían 243 trabajadores afectados a la continuidad (204 en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo), cuyos contratos fueron suspendidos por 60 días hasta el 13 de diciembre. La sindicatura solicitó declarar extinguidos los vínculos laborales por causa de quiebra —salvo para quienes terminen los lotes en proceso y cubran las guardias—, garantizando el pago prioritario de los salarios devengados desde octubre, las bajas en ARCA y oficios a ANSES para acelerar el cobro del seguro por desempleo.

En paralelo, continúa corriendo el reloj para la venta de activos: el Banco Nación, acreedor hipotecario con un privilegio de USD 149 millones, tiene plazo hasta este jueves 19 de noviembre a las 12:30 para definir si ejerce su opción de compra preferente. Las restantes ofertas se recibirán entre el 20 y el 30 de noviembre, fecha en que se abrirán los sobres en audiencia pública con bases de USD 4 millones para Bandera, USD 3,5 millones para General Pinedo y USD 1,75 millones para el inmueble porteño.

Artículos relacionados