Femicidio de Érika Álvarez: la defensa de "El Militar" Sosa al borde de la renuncia

La décima audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez podría marcar un viraje decisivo en la causa que conmociona a la provincia. Los defensores del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, darían a conocer su decisión formal de no continuar al frente de la representación técnica. La salida estaría motivada por diferencias de criterio profesionales insalvables y por un grave episodio interno que incluiría un supuesto intento de agresión física por parte de Sosa contra Flores.

A este tenso clima de trabajo se le suman las reiteradas advertencias sobre presiones y amenazas de muerte que estaría recibiendo el acusado. El juzgamiento por el femicidio de la joven tucumana ha puesto al descubierto una densa red vinculada al tráfico de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y a la llegada de avionetas con sustancias ilegales. En las audiencias previas resurgió la figura de Carlos “El Mayor” Ferreira, un ciudadano paraguayo señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y con quien Érika mantenía contacto, lo que despierta fundados temores de que el imputado pueda aportar información comprometedora contra terceros durante el debate.

El Código Procesal y las posibles sanciones del tribunal

Frente a este escenario de abandono de la defensa en pleno desarrollo del proceso, el marco regulatorio del Código Procesal Penal de Tucumán establece que los abogados solo pueden renunciar ante circunstancias de extrema gravedad. Hasta el momento, los letrados no han ingresado ningún escrito formal previo, por lo que deberán brindar explicaciones exhaustivas ante las juezas Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli, junto al magistrado Gonzalo Ortega.

En caso de que el tribunal considere que la dimisión es injustificada o intempestiva, los profesionales podrían enfrentar la apertura de un incidente de conducta. Las sanciones previstas contemplan desde un apercibimiento administrativo y multas económicas equivalentes al sueldo de un juez de primera instancia, hasta la separación definitiva del juicio y la remisión de las actuaciones al Colegio de Abogados de Tucumán.

Plazos legales y el riesgo de nulidad del juicio oral

Si la renuncia queda firme, la normativa le otorgará a "El Militar" Sosa un plazo de 72 horas para designar a un nuevo abogado particular o, en su defecto, requerir la asistencia de la Defensoria Oficial. El profesional que asuma la representación deberá acoplarse a un debate que ya cuenta con nueve audiencias producidas y una estrategia previa delineada.

El mayor riesgo procesal radica en lo dispuesto por el artículo 276 del código de ritual, el cual permite suspender el juicio por un máximo de 10 días para que la nueva defensa examine las actuaciones. Si el período de receso supera ese límite legal, todo el debate oral quedará anulado y deberá reiniciarse desde cero, un extremo que los jueces del tribunal intentarán evitar a fin de preservar la validez de la prueba ya incorporada.

(Fuente: LG)