El Gobierno nacional profundizó su ofensiva legal y diplomática contra la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. Este martes, a través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei, la Casa Rosada confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos —entre personas humanas y jurídicas— por estar vinculados al desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina circundante a las Islas Malvinas.
Estas nuevas actuaciones administrativas se suman a los 45 expedientes abiertos la semana pasada, acumulando un total de 60 investigaciones en curso bajo el régimen del artículo 2° de la Ley N° 26.659:
"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", remarcó el comunicado oficial.
Foco en el proyecto Sea Lion y acciones judiciales
La medida se inscribe en el paquete estratégico presentado días atrás en cadena nacional para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una explotación hidrocarburífera offshore operada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration mediante licencias otorgadas por el gobierno colonial isleño, desconocidas por la Argentina.
En esa misma línea, el canciller Pablo Quirno radicó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías internacionales vinculadas al consorcio (Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Oil & Gas Ltd.) por operar de forma ilegal en aguas de jurisdicción soberana.
Estrategia legislativa y despliegue militar
Tras una reunión de la mesa política del Ejecutivo, el Gobierno definió los próximos pasos de la agenda de soberanía:
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: El proyecto ingresará la próxima semana a la Cámara de Diputados para endurecer las penas de la Ley 26.659 contra las operadoras y su cadena de proveedores, incorporando la facultad del juicio en ausencia.
Consejo de Seguridad Nacional: La iniciativa prevé la creación de un órgano coordinador integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con herramientas diplomáticas y financieras directas.
Base Naval Integrada: Se resolvió acelerar las gestiones presupuestarias y operativas para la construcción del polo logístico militar en Tierra del Fuego.
