Paraguay: Peña faltó a su juicio político y sus abogados asumieron su defensa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no concurrió a la sesión del Senado en la que debía responder a las acusaciones que dieron origen al juicio político en su contra. En su lugar, se presentaron sus abogados defensores, quienes comunicaron que asumirían la defensa técnica y que el mandatario asistiría al Congreso recién durante la etapa de alegatos.

La Cámara Alta rechazó previamente el pedido de Peña para obtener una prórroga de 72 horas. La solicitud recibió 44 votos en contra y apenas tres a favor, por lo que el proceso continuó según el cronograma previsto.

El pedido de prórroga y el rechazo del Senado

Peña había enviado una nota formal al titular del Poder Legislativo, Basilio «Bachi» Núñez, en la que solicitó más tiempo para preparar su descargo y reunir pruebas. El mandatario argumentó que recibió menos de 12 horas para responder a las acusaciones, un plazo que consideró insuficiente para garantizar su derecho a la defensa.

En el escrito hizo referencia a la notificación N.º 4217, fechada el 5 de noviembre y recibida a las 22.15. Según detalló, la comunicación incluía un documento acusatorio de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de documentación complementaria.

El presidente sostuvo que necesitaba tiempo para elegir un abogado de confianza, estudiar los cargos y preparar las pruebas correspondientes.

Antes de que el pleno tomara una decisión, Núñez convocó a los jefes y subjefes de las bancadas para analizar el planteo. Sin embargo, no hubo consenso y la resolución quedó en manos del Senado.

El titular legislativo había considerado atendibles los argumentos vinculados con las garantías del debido proceso y advirtió sobre la posibilidad de que una eventual vulneración del derecho a la defensa derivara en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para ello, mencionó los antecedentes de los expresidentes Fernando Lugo y Raúl Cubas Grau.

La defensa podrá disponer de hasta 10 horas

El diputado y fiscal acusador, Rodrigo Blanco, confirmó que la decisión sobre la prórroga correspondía al pleno del Senado. También señaló que la exposición de Peña o de sus abogados podría extenderse hasta 10 horas, según consignó el diario ABC Color.

Por su parte, el senador Líder Amarilla se manifestó en contra de postergar el procedimiento y reclamó que el tribunal dicte sentencia este mismo viernes. Sostuvo que el artículo 2 del reglamento interno establece que los plazos son perentorios e improrrogables y recordó que Peña conoce las acusaciones desde 2023.

Amarilla calificó el pedido de la defensa como una maniobra para demorar el proceso y planteó que el tribunal debe avanzar con la resolución, independientemente de la presencia del mandatario o sus representantes.

El legislador también rechazó retomar el tratamiento de la renuncia presidencial. Argumentó que aceptar la dimisión impediría avanzar con medidas sobre los bienes de Peña y con la recuperación de los fondos investigados.

Las acusaciones vinculadas a Ueno Bank

El juicio político tiene como uno de sus principales ejes la crisis de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay tras detectar incumplimientos en sus requisitos de solvencia. El banco administraba depósitos de millones de clientes y recursos públicos, incluidos fondos de organismos previsionales.

Entre los cuestionamientos contra Peña figuran:

• Presuntos conflictos de intereses por sus antiguos vínculos societarios con el Grupo Vázquez, al que pertenece Ueno Bank.

• La colocación de fondos públicos en la entidad financiera.

• Supuestas irregularidades en operaciones crediticias con empresas vinculadas.

• Cuestionamientos al desempeño de las autoridades del Banco Central en la supervisión del banco.

La senadora opositora Esperanza Martínez denunció que recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron depositados en Ueno. También cuestionó que se destinaran fondos previsionales a la entidad mientras el Gobierno responsabilizaba a docentes y trabajadores estatales por el déficit de la Caja Fiscal.

En las denuncias se mencionó un monto de 860 millones de dólares, de los cuales 350 millones corresponderían a ahorros previsionales. Estas cifras forman parte de los cuestionamientos planteados durante el proceso y no representan fondos cuya desaparición haya sido acreditada judicialmente.

Cómo llegó el proceso a esta instancia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña y habilitó el inicio del juicio político. La decisión se produjo luego de que los legisladores rechazaran un planteo similar contra el vicepresidente Pedro Alliana.

Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia de Peña a la Presidencia. Sin embargo, el encuentro no pudo avanzar porque legisladores del Partido Colorado se retiraron y dejaron sin quórum la reunión.

De esta manera, la dimisión todavía no fue aceptada y Peña continúa formalmente al frente del Ejecutivo. La renuncia y el juicio político constituyen procedimientos diferentes, por lo que la interrupción del primero no impidió que continuara el proceso de acusación.

Tras ese episodio, el Senado avanzó con la designación de los fiscales encargados de sostener los cargos contra el mandatario y convocó a Peña para que ejerciera su defensa. Ahora, luego del rechazo a la prórroga y de la presentación de sus abogados, el procedimiento continuará en el Congreso.