Halló un DNI en el microcentro tucumano y montó una estafa millonaria

Una mujer fue condenada a tres años y seis meses de prisión efectiva por una extensa secuencia de estafas cometidas mediante la utilización de documentos y datos personales de una vecina de San Miguel de Tucumán. Según la investigación, el perjuicio económico superó los $30 millones.

El caso comenzó el 26 de enero de 2026, cuando la víctima perdió una riñonera en inmediaciones de calle Junín y la zona de El Bajo. En su interior llevaba un portadocumentos con su DNI original y una tarjeta de crédito Naranja. La imputada encontró ambos elementos y se los apropió.

A partir de entonces, utilizó la identidad de la damnificada para realizar compras, gestionar préstamos y obtener créditos en distintos comercios y entidades financieras de la capital tucumana.

Entre el 27 de enero y el 10 de febrero concretó operaciones comerciales por $3.234.659,08. Luego, el 24 de febrero consiguió un préstamo personal de $2.646.000 en Rapicuotas y, al día siguiente, obtuvo otro crédito por $1.985.413,92 en Castillo Central.

Durante marzo, abrió una cuenta de tarjeta de crédito en Credimás y realizó compras y solicitudes de préstamos por $1.217.038,92. También consiguió un crédito de consumo en Electrónica Megatone SRL (On City) por $2.735.000.

La secuencia continuó en abril. El día 1, obtuvo una tarjeta de crédito de Tarjeta Titanio y realizó compras por $1.193.242,91. Una semana después, el 8 de abril, logró retirar $2.084.300 de la cuenta bancaria de la víctima tras engañar al personal de una sucursal del Banco Macro.

El 17 de abril, cerca de las 20, actuó junto a otro hombre en Castillo Central. Mediante documentación salarial obtenida de manera indebida, consiguieron una ampliación de crédito por $11.911.304,91. La operación permitió adquirir una motocicleta valuada en $7.221.000.

Posteriormente, el 29 de abril, falsificó la firma de la damnificada para tramitar un préstamo en Tevelin SA y retirar productos tecnológicos por $2.639.141. El 5 de mayo, en tanto, obtuvo otro crédito en Mobilar por $200.900.

La maniobra terminó el 8 de mayo, cuando la mujer regresó a una sucursal del Banco Macro e intentó retirar $100.000 de la cuenta de la víctima. Un empleado de seguridad la reconoció por una operación anterior y alertó al cajero. Tras comprobar que los datos biométricos y la firma no coincidían con los de la titular, las autoridades bancarias dieron aviso a la Policía, que concretó su aprehensión.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila, con la intervención del auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.

El proceso concluyó mediante un juicio abreviado, en el que se acordó una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Entre los agravantes considerados por la acusación se mencionaron la reiteración y planificación de los hechos, su extensión en el tiempo, la utilización sistemática de la identidad de la víctima, la cantidad de entidades y comercios involucrados y la magnitud del perjuicio económico. También se destacó la afectación del patrimonio y de la fe pública, así como el grado de organización demostrado en las maniobras.