Ordenan la captura del presidente del Tribunal Supremo de Bolivia por narcotráfico

La justicia de Bolivia atraviesa un sismo institucional sin precedentes. La Fiscalía General de Bolivia confirmó la emisión de una orden de detención contra Romer Saucedo, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien se encuentra imputado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La resolución judicial provocó la huida del magistrado, quien abandonó el país clandestinamente alegando ser víctima de una persecución promovida por la administración del presidente Rodrigo Paz.

La fuga del magistrado y el plazo del TSJ

El fiscal general interino, José Armando Urioste, ratificó la validez de la orden de captura formulada por los fiscales de la causa e informó que Saucedo ingresó brevemente al territorio boliviano tras un viaje al exterior para luego desplazarse por vía terrestre fuera de las fronteras. Por su parte, el titular del máximo tribunal utilizó sus redes sociales para justificar su salida afirmando que su "libertad y vida corrían peligro" por cuestionar al poder político.

Ante esta situación de acefalía, la sala plena del TSJ aprobó fijar un plazo legal de seis días para que Saucedo retome sus funciones en Sucre, la sede constitucional del Órgano Judicial. En caso de no presentarse en dicho lapso, el cuerpo iniciará los trámites legales para resolver su remoción por abandono del cargo.

Nexos con el narcoterrorismo y la reacción del Gobierno

Desde el Poder Ejecutivo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, vinculó de manera directa la fuga de Saucedo con la causa judicial que derivó en la detención del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una red clandestina de protección al narcoterrorismo.

En tanto, de visita en España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, el presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como una noticia "penosa pero alentadora a futuro", considerando que la investigación representa un avance hacia el saneamiento y la transparencia del sistema judicial boliviano.