En el marco de la investigación judicial que desarticuló una millonaria red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cúpula de la droguería Suizo Argentina S.A. se presentó este miércoles a sus audiencias de indagatoria ante el fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la firma respectivamente, se negaron a responder preguntas y entregaron extensos escritos defensivos donde rechazaron las imputaciones por asociación ilícita, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
La acusación formulada por el fiscal Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, sostiene que entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la droguería desplegó una "cooptación integral" del organismo oficial conducido por Diego Spagnuolo y el exdirector Daniel Garbellini. De acuerdo a los registros de la causa, la empresa acaparó de forma hegemónica el 29,54% del total de las compras de medicamentos de alto costo por un monto adjudicado de $137.118.708.357,77, registrando una facturación directa confirmada por ARCA de $124.652.174.118,59.
El dictamen judicial detalla severas irregularidades en la fijación de tarifas. Entre los casos documentados se destaca la comercialización de la Cladribina (Eurit), fármaco destinado a la esclerosis múltiple: la droguería adquiría las unidades a $92.000 y, tras despejar competidores en las compulsas, se las facturaba a la ANDIS a más de $4 millones cada una, aplicando un sobreprecio de 42 veces su valor. Asimismo, los fiscales acreditaron la utilización de la firma intermedia Droguería Génesis (denominada en los chats como el "chinchullito nuevo") para revender los mismos medicamentos con un recargo adicional del 44%. La fiscalía imputó a Jonathan Kovalivker por liderar desde su vivienda en Nordelta reuniones de cotizaciones coordinadas junto a directivos de firmas competidoras como 20 de Junio S.A. y Droguería del Sud S.A.
En su descargo de 45 páginas, Jonathan Kovalivker negó de manera categórica haber integrado una banda criminal o participado en sobreprecios, argumentando la "absoluta ajenidad" de su persona respecto a las contrataciones irregulares. La defensa centró su postura en el volumen corporativo de Suizo Argentina, definiéndola como una empresa centenaria con casi 2.000 empleados y una cuota del 22% del mercado privado de farmacias, para la cual las ventas a la ANDIS resultaban "insignificantes".
A su vez, los imputados presentaron un informe técnico externo que abarcó las operaciones entre 2023 y 2025, aseverando que el 100% de las facturas contó con orden de compra y remito, que el 46% de las unidades correspondieron a productos de distribución exclusiva y que las cotizaciones se realizaron mediante la plataforma oficial del Estado sin desvíos injustificados ni alteración de precios.
