Las estrategias contrapuestas de la acusación pública, la querella y las tres defensas técnicas quedaron formalizadas durante los alegatos de apertura del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez. El tribunal compuesto por los magistrados María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira comenzó a receptar las pruebas con las que cada parte buscará sostener su hipótesis.
La fiscalía conducida por Pedro Gallo atribuyó a Felipe “El Militar” Sosa la autoría material del femicidio cometido a golpes durante la madrugada del 7 de enero. Para el Ministerio Público, los coimputados Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz desplegaron recursos y maniobras operativas para garantizar la impunidad del hecho, razón por la cual solicitó la pena de perpetua para el principal sospechoso y seis años de cárcel para los presuntos encubridores. El querellante Carlos Garmendia adhirió plenamente a esta reconstrucción.
La defensa técnica de Sosa, encabezada por Marcelo Cosiansi, estructuró su alegato sobre la negación del homicidio. La representación legal planteó que atacará la validez de los informes autópsicos debido a divergencias en los criterios médicos e intentará posicionar como hipótesis no investigada los supuestos vínculos de la víctima con el tráfico de drogas.
Bajo esa línea discursiva, el letrado sostuvo que Sosa no ejecutó el crimen, sino que actuó impulsado por el pánico al descubrir el hecho en su propiedad, optando por deshacerse del cadáver para evitar represalias.
Los representantes legales de los acusados de encubrimiento fundaron su inocencia en la ausencia de dolo y en el cumplimiento de rutinas habituales:
Defensa de Gordillo (Atim - Abdala): Afirmaron que la acusada se encontraba en su lugar de trabajo al momento en que el cuerpo fue arrojado en Manantial Sur y que el manejo de vehículos y fondos obedecía a autorizaciones administrativas y proyectos personales previos.
Defensa de Díaz (Bello): Argumentó que el empleado acudió a la propiedad a realizar tareas encomendadas por Sosa y que su presencia e intervenciones estuvieron supeditadas a órdenes laborales, sin conocimiento de la comisión del delito.
