El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso la apertura de un sumario administrativo e intimó al Colegio Pía Didoménico para evaluar el accionar del cuerpo docente y directivo frente a un grave cuadro de bullying y acoso digital sufrido por una alumna de sexto año durante el viaje de egresados de la promoción.
El caso tomó un rumbo dramático al viralizarse las explícitas confesiones de una de las acosadoras a través de sus redes sociales. En la publicación, la menor detalló los episodios de maltrato físico y verbal en locales nocturnos de Bariloche, rememorando además la difusión no consentida de fotos íntimas robadas del celular de la víctima en el mes de abril. Entre otras frases aberrantes, la agresora afirmó que disfrutó ver a su compañera sufrir un "brote psicótico" e interrumpió la ayuda de otros jóvenes aduciendo "que se cague".
Frente a la escalada mediática, la dirección del Colegio Pía Didoménico hizo público un comunicado en el que argumentó haber actuado dentro del marco normativo vigente con celeridad. "La institución reafirma su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad, así como la protección de su bienestar psicológico y emocional", señalaron en el escrito.
A pesar de las explicaciones institucionales, la comunidad educativa reaccionó con firmeza. Padres y compañeros de la víctima se concentraron en las puertas del colegio para desarrollar una protesta pacífica, denunciando la inacción de los profesores que habrían presenciado episodios previos de hostigamiento en el ámbito escolar sin intervenir.
La causa ya se tramita en dos fiscalías de la provincia:
La Fiscalía Penal Juvenil, conducida por el doctor Guillermo Narváez, formalizó la imputación de tres alumnas por la tenencia, producción y viralización de material íntimo de una menor de edad.
La Fiscalía de Instrucción Nº7, a cargo de la doctora Paola González Pinto, investiga el delito de acoso y la generación de daño psicológico.
En simultáneo, auditores del Ministerio de Educación provincial se apersonaron en el establecimiento escolar para requerir un expediente exhaustivo de las actuaciones en un plazo no mayor a 24 horas, medida que servirá de base para determinar el grado de negligencia institucional y las sanciones definitivas.
