“El país está muy empobrecido”: la advertencia sobre la realidad que encontrará el Papa en Argentina

La media sanción del proyecto de ley de discapacidad en la Cámara de Diputados abrió una nueva etapa para las organizaciones del sector, aunque persisten las dudas sobre los recursos necesarios para garantizar prestaciones, pensiones y medicamentos.

Pablo Molero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideró que las modificaciones incorporadas al proyecto representan un avance, pero advirtió que la emergencia continúa vigente y que el reconocimiento de derechos debe traducirse en medidas concretas.

“Ahora sí hay una propuesta superadora para una situación que no está superada”, sostuvo.

El dirigente destacó que el texto aprobado incorporó reclamos que las organizaciones venían planteando y que habían quedado afuera de la iniciativa original del oficialismo. También valoró las negociaciones con legisladores que permitieron introducir cambios, aunque remarcó que todavía falta el tratamiento en el Senado.

El financiamiento, la principal preocupación

Para Molero, el reconocimiento legal de las necesidades del sector no alcanza si no se garantizan los fondos para atenderlas. En ese sentido, señaló que el Presupuesto 2027 será determinante para que las medidas puedan implementarse.

“Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, advirtió.

El presidente del Foro también alertó que la problemática no afecta únicamente a quienes ya reciben prestaciones, sino que alcanza a personas que todavía no acceden a los servicios de asistencia.

Por eso, consideró que la media sanción constituye una instancia intermedia y que el resultado dependerá tanto de la definición del Senado como de las partidas presupuestarias que se asignen.

Reclamos por medicamentos, pensiones y obras sociales

Entre las urgencias, Molero apuntó a las dificultades para acceder a medicamentos y a las demoras en las pensiones destinadas a personas con discapacidad.

“El Gobierno tiene que solucionar la entrega de medicamentos para personas con discapacidad, que no lo está haciendo”, afirmó. También mencionó la situación de quienes dependen de tratamientos continuos y del programa Remediar.

Otro de los puntos de preocupación es el financiamiento de las obras sociales. Según explicó, algunas entidades atraviesan dificultades para sostener las prestaciones debido a la caída del empleo y a la reducción de los aportes que nutren sus fondos.

El dirigente advirtió que, si no se garantizan los recursos, podrían aparecer nuevos obstáculos para las personas que necesitan atención y cobertura de manera permanente.

Las barreras sociales y el ejercicio de derechos

Molero sostuvo que la discapacidad no debe abordarse únicamente desde la condición individual, sino también desde las barreras que dificultan la vida cotidiana.

En ese marco, mencionó problemas vinculados con el transporte, la comunicación, la accesibilidad y la atención sanitaria. “Hay barreras sociales que hacen que una persona no pueda ejercer un derecho”, explicó.

Desde esa perspectiva, planteó que la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas involucra tanto al Estado como a la sociedad, y que las políticas públicas deben contemplar los obstáculos que enfrentan las personas para acceder a sus derechos.

La advertencia por la situación social del país

Al referirse a la próxima visita del papa a la Argentina, el sacerdote amplió su diagnóstico y cuestionó la visión oficial sobre la evolución de la pobreza.

“El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el presidente diga lo contrario”, afirmó.

Molero sostuvo que una mejora en los ingresos no necesariamente modifica las condiciones materiales de las familias más vulnerables. Como ejemplo, mencionó a quienes viven en zonas afectadas por inundaciones y continúan expuestos a esa situación cada vez que se producen nuevos episodios.

“Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el papa se va a encontrar”, expresó.

Mientras el proyecto de emergencia en discapacidad espera su tratamiento en el Senado, las organizaciones mantienen sus reclamos por el acceso a medicamentos, la continuidad de las prestaciones y la asignación de recursos que permitan responder a las necesidades del sector.