Discapacidad: ocho diputados tucumanos apoyaron la nueva ley

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la nueva ley de discapacidad tras alcanzar un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición. La votación reunió 237 adhesiones, nueve rechazos y cuatro abstenciones, en una sesión que terminó con cambios incorporados al proyecto impulsado por el oficialismo.

Entre los representantes de Tucumán, ocho de los nueve diputados nacionales acompañaron la iniciativa. Votaron a favor Mariano Campero, Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza; Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, de Unión por la Patria; y Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, del bloque Independencia, alineado políticamente con el gobernador Osvaldo Jaldo. Javier Noguera estuvo ausente.

La coincidencia entre los legisladores tucumanos se produjo luego de una extensa jornada parlamentaria en la que habían mostrado diferencias en otros temas. En esta oportunidad, todos los representantes de la provincia que participaron de la votación respaldaron el proyecto.

El acuerdo que destrabó la votación

La iniciativa consiguió una mayoría superior a los dos tercios de los presentes después de que La Libertad Avanza aceptara modificaciones reclamadas por otros bloques. El entendimiento se consolidó durante el debate, cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, confirmó que el oficialismo acompañaría los cambios propuestos.

El anuncio llegó luego de que el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, enumerara una serie de modificaciones solicitadas. Huesen tomó la palabra y afirmó: “Vamos a aceptar todas las modificaciones”. La intervención fue recibida con aplausos en el recinto.

Hasta ese momento, el acuerdo no estaba asegurado. Mientras La Libertad Avanza defendía su propio dictamen, distintos sectores de la oposición impulsaban la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

Tras la votación, Huesen celebró el resultado y sostuvo que la discapacidad no debe utilizarse como herramienta de manipulación política ni como bandera partidaria. También planteó que las personas con discapacidad necesitan respuestas concretas y derechos permanentes, sin depender de sucesivas declaraciones de emergencia o negociaciones políticas.

Qué cambia con la nueva ley

Uno de los puntos incorporados durante las negociaciones establece directamente en la ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, condiciones que anteriormente quedaban sujetas, en parte, a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Entre los criterios previstos figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El proyecto también garantiza la continuidad de la cobertura de salud para los beneficiarios y mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el límite establecido por la norma.

Otro eje está vinculado con las deudas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá informar un cronograma de regularización dentro de los 30 días y completar, en un plazo de 90 días, el pago de las compensaciones correspondientes a quienes hayan finalizado el trámite.

Además, la iniciativa mantiene la actualización mensual por inflación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que determina los valores de las prestaciones del sistema.

En materia de financiamiento, el texto dispone que deberán contemplarse partidas presupuestarias suficientes para sostener el sistema y prevé recurrir a recursos del Tesoro si los fondos asignados resultan insuficientes.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado, donde deberá continuar su tratamiento legislativo.