Las aplicaciones Uber y DiDi enfrentan la aplicación de multas en San Miguel de Tucumán tras no acatar las obligaciones fijadas por el municipio para la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Según detalló el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, ambas compañías ignoraron la intimación para establecer domicilio fiscal y omitieron remitir el listado actualizado de vehículos y choferes que exige la normativa. La excepción dentro del rubro la marcó Cabify, que aportó la nómina de 200 conductores.
La controversia se enmarca en las ordenanzas 5.483 y 5.484 sancionadas a finales de 2025. Frente a las faltas cometidas por las empresas, la administración municipal dispuso la apertura del Padrón Municipal Digital (Resolución N° 0033/D.S./2026) para registrar directamente a los prestadores sin aplicar cobros de cánones.
El proceso de inscripción continuará abierto hasta el 30 de noviembre y se canaliza por la vía digital a través de CiDiTuc o mediante la asistencia en oficinas municipales. A través de la Dirección del Sutrappa, unos 400 trabajadores ya formalizaron el trámite en los primeros catorce días.
Para obtener la identificación oficial con código QR, se requiere licencia vigente, certificado de reincidencia, seguro para pasajeros, Verificación Técnica Vehicular (VTV) y que las unidades no superen los 13 años de antigüedad. Desde la secretaría ratificaron el carácter obligatorio del trámite, si bien aún restan definir las consecuencias operativas para aquellos conductores que omitan anotarse antes del vencimiento.
La iniciativa del Ejecutivo municipal encontró una firme resistencia parlamentaria encabezada por el concejal Leandro Argañaraz, autor de un proyecto de resolución para suspender el padrón. El edil sostuvo que el texto original de la ordenanza hacía recaer las obligaciones sobre las firmas privadas y no sobre los trabajadores individuales, señalando además que un dictamen de la Fiscalía Municipal no posee entidad para alterar una norma aprobada por el cuerpo.
En réplica, Arnedo encasilló las críticas de Argañaraz como maniobras electorales, asegurando que la Capital actúa en el marco de sus facultades de contralor y respaldo legal. Por su parte, el edil opositor confirmó que insistirá con el debate sobre tablas en el Concejo Deliberante y evalúa alternativas legales para frenar la reglamentación.
