La crisis en la Liga Tucumana de Fútbol sumó un capítulo de máxima gravedad institucional. Tras la reciente resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, que dispuso la suspensión por tres meses de la cúpula directiva integrada por el presidente Eduardo Monteros, el secretario Juan de la Cruz Roldán y el tesorero Ricardo Elías, una nueva presentación administrativa pone en jaque la legalidad de las últimas decisiones del organismo.
El propio secretario Juan de la Cruz Roldán, patrocinado por el abogado Dante Sarmiento, formalizó una denuncia ante la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas de Tucumán. En la presentación, solicitó el rechazo in limine de cualquier pedido de corrimiento de autoridades o validación de actas que pretendan consagrar la designación de Walter Fabián Sánchez.
En el escrito presentado bajo juramento, Roldán lanzó severas acusaciones:
Falsedad de firma: Negó de manera categórica la autenticidad de la rúbrica atribuida a su persona en el trámite iniciado ante el Consejo Federal de la AFA el pasado 7 de octubre.
Coacción moral: Denunció que la firma estampada en las actas internas del 16 de octubre fue realizada bajo "asfixiante coacción moral" ejercida por autoridades de la entidad, viciando por completo su voluntad.
Nulidad por suspensión de cargos: Remarcó que los directivos involucrados ya se encontraban suspendidos en sus funciones al momento de confeccionar las actas, por lo que carecían de competencia y legitimidad para adoptar decisiones institucionales.
La maniobra denunciada habría tenido como objetivo confeccionar documentación antedatada para desplazar al vicepresidente primero, Darío Zamoratte, quien debía asumir la conducción transitoria de la liga según lo dispuesto por el órgano de la AFA, e imponer en su lugar a Walter Sánchez sin la debida notificación ni respetar las garantías estatutarias.
Cabe recordar que la suspensión original dictada por el Consejo Federal obedeció a graves irregularidades administrativas, entre las que figuraban la omisión de balances del ejercicio 2025, la falta de un Tribunal de Cuentas regular y el cobro de seguros mediante cuentas bancarias personales del tesorero.
Más allá de lo que pueda resolver la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en el ámbito local, la acumulación de escándalos y la desprolijidad institucional en torno a la confección de actas falsas coloca a la Liga Tucumana de Fútbol ante el riesgo concreto de una desafiliación por parte del Consejo Federal. /Los Primeros
