Un duro revés judicial sacude a la conducción económica nacional. El abogado Gregorio Dalbón presentó la ampliación de la denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de las reservas de oro del Banco Central, exigiendo el secuestro de servidores y correos del BCRA y la citación a indagatoria del ministro Luis Caputo y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.
La acción penal se extendió también al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y al integrante del directorio del BCRA, Nicolás Marcelo Ferro. El expediente busca determinar si los funcionarios incurrieron en administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad o asociación ilícita en el manejo de instrumentos financieros derivados sobre el metal precioso durante el ejercicio 2025.
La presentación se fundamenta en la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte principal en los contratos con derivados. Según reportes del sector citados en la causa, se habrían ejecutado opciones de venta de oro a US$ 3.000 por onza en períodos donde la cotización de mercado superaba holgadamente los US$ 4.000.
A esto se le suma la falta de transparencia sobre los costos de intermediación: “No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, remarcó Dalbón en el escrito, solicitando investigar versiones que señalan el pago de comisiones superiores a los u$s60 millones.
A su vez, la denuncia resalta la negativa de las autoridades del Central a girar copias de estos convenios a la Auditoría General de la Nación (AGN) y cuestiona los antecedentes laborales de Caputo y Bausili en el Deutsche Bank, pidiendo auditar si hubo conflictos de interés en las adjudicaciones.
Argumentando que la prueba determinante es de índole digital e institucional, Dalbón solicitó al juzgado el inmediato allanamiento de la sede central del BCRA. La medida busca incautar las comunicaciones electrónicas cursadas en 2024 y 2025 entre la Presidencia, el Directorio, las gerencias operativas y las entidades bancarias privadas involucradas.
El letrado alertó sobre el riesgo de supresión o modificación de archivos informáticos por parte de los propios funcionarios denunciados, por lo que requirió la custodia urgente del material probatorio para reconstruir los costos reales de las transacciones.
El trasfondo de la acusación toma como prueba reina el balance de auditoría del BCRA al cierre de 2025, ratificado por la AGN bajo la Resolución 205/2026. Dicho dictamen confirmó un quebranto de $1.469.155 millones (alrededor de u$s1.023 millones) derivado de contratos con opciones de oro.
El quebranto patrimonial se divide en US$ 960,2 millones por el saldo desfavorable de las posiciones y US$ 62,8 millones abonados en concepto de primas.
Frente a la magnitud del perjuicio al fisco, la querella solicitó medidas probatorias a la CNV, la UIF y un pedido de asistencia técnica a la SEC de Estados Unidos, además de peritajes financieros independientes. Como cierre del planteo, Dalbón reclamó llamar a indagatoria a Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro para que respondan por las pérdidas operativas y las sospechas de comisiones millonarias.
