A través del Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Casa Rosada dispuso encuadrar bajo el régimen de secreto militar una reciente operación de adquisición de material bélico para las Fuerzas Armadas. La norma, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, resguarda en absoluta reserva el monto gastado, la naturaleza del equipamiento, las empresas proveedoras y la fuerza receptora.
El anuncio se produce en un escenario de acentuada tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El Ejecutivo nacional viene impulsando una serie de acciones firmes, entre las que destacan la sanción a compañías petroleras que operan sin aval en el archipiélago, la presentación de acciones penales y la apertura de un procedimiento arbitral ante la ONU en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. A esto se suma el proyecto de edificación de una base naval en Tierra del Fuego. Ante estas medidas, la administración británica citó a la embajadora argentina en Londres y el primer ministro Andy Burnham advirtió en el Parlamento que su nación actuará con severidad.
Para blindar la operación, el Poder Ejecutivo argumentó los términos de la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, legislación que califica como secreto militar toda compra o construcción fundamental para el adiestramiento y operatividad castrense. De esta manera, el proceso queda eximido de los deberes de publicidad y transparencia habituales en las contrataciones públicas.
No es la primera vez que la actual gestión recurre a este mecanismo. Previamente se publicaron los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24 para amparar la adquisición y logística de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca, junto a las obras de infraestructura y contratos con Estados Unidos vía Foreign Military Sales (FMS). Posteriormente, el Decreto 735/26 clasificó el traslado temporal de piezas de estas aeronaves para tareas de mantenimiento. Sin embargo, el nuevo trámite cursa bajo el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD, asignado a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, sin vincularse al programa de cazas.
La decisión se enmarca dentro de un plan masivo de reequipamiento militar. Un informe elaborado por la Unidad de Datos de Infobae reflejó que, entre diciembre de 2023 y agosto pasado, la Argentina desembolsó USD 445.026.954 en armamento y logística. Del monto global, USD 381,4 millones se asignaron a las FFAA y USD 63,7 millones a Seguridad, superando los USD 428,7 millones invertidos durante el mandato de Alberto Fernández y sextuplicando los USD 72 millones de la presidencia de Mauricio Macri. El esfuerzo fiscal tuvo su pico en 2024 con USD 357,8 millones, bajó a USD 59,4 millones en 2025 y registró USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.
El pilar central del rearme fue la compra de 24 cazas F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) por USD 301,2 millones. Tras la primera entrega de 6 aeronaves en diciembre de 2025 en la Base de Río Cuarto, se sumaron otros 6 cazas en septiembre de 2026, estimándose la recepción del resto para fines de 2027. Esto permitió recuperar la capacidad de interceptación supersónica perdida en 2015 con el retiro de los cazas Mirage.
El plan terrestre y aéreo incluyó además la adquisición de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones —con opción de expandir la flota a 235 unidades— y la llegada de un lote inicial de 50 blindados evaluados en Texas. Asimismo, Defensa formalizó en marzo de 2026 la incorporación de hasta 20 helicópteros UH-60L Black Hawk por un tope de USD 140 millones para renovar la flota del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.
Para el resguardo del mar continental, la Armada sumó 4 aviones de exploración P-3 Orion comprados a Noruega por USD 60 millones, respaldados por 6 helicópteros Bell 407GXi (USD 32,4 millones) y 48 camiones tácticos Unimog U4000 (USD 8,16 millones).
La proyección del gasto militar continúa en el proyecto de Presupuesto 2027, que incluye facultades para endeudamiento por USD 2.300 millones destinados a 3 submarinos convencionales y USD 1.200 millones para 2 fragatas multimisión. Las unidades tendrían base en Mar del Plata y Puerto Belgrano.
Hasta el momento, las autoridades navales evaluaron las alternativas de la francesa Naval Group (modelo Scorpène Evolved) y de la firma alemana ThyssenKrupp Marine Systems (modelo Type 209NG). Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos astilleros ofrecieron esquemas de financiamiento integral que superan los 3.000 millones de euros, cuya ratificación final depende de la decisión presidencial y la aprobación del Congreso para devolverle al país la fuerza submarina inactiva desde la pérdida del ARA San Juan en 2017.
