La campaña electoral en Brasil ingresó en su tramo decisivo de cara a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca recuperar terreno mediante la presentación de un ambicioso paquete de medidas que incluye una propuesta de enmienda constitucional para establecer la gratuidad del transporte público los fines de semana, financiada mediante reasignaciones del presupuesto parlamentario.
La iniciativa del mandatario se da tras la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y se enmarca en un conjunto de incentivos fiscales y subsidios que demandarán entre 180.000 y 250.000 millones de reales al año. La propuesta generó el rechazo inmediato del candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien sostuvo que el Ejecutivo apela a las emociones del electorado tras haber quedado en segundo lugar en los comicios del 4 de octubre.
El cruce entre ambos candidatos también se trasladó al plano de la seguridad. Mientras el Gobierno intentó promover una reforma constitucional en la materia antes de la votación, el bloque opositor exigió incluir la reducción de la imputabilidad penal de 18 a 14 años para delitos graves. La falta de acuerdos llevó al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, a retirar el proyecto del temario legislativo.
Los resultados de la primera vuelta le otorgaron a Flávio Bolsonaro el 47% de los sufragios, aventajando por dos puntos a Lula da Silva (45%). Aunque los sondeos actuales señalan un escenario de empate técnico, la candidatura de la ultraderecha ha logrado tejer un sólido entramado de apoyos de cara al balotaje.
El senador del Partido Liberal (PL) reunió la adhesión de las fuerzas União Brasil, Progressistas, Republicanos, Podemos y Novo, además del referente derechista Ronaldo Caiado. De confirmarse estas tendencias en las urnas, la bancada opositora contará con 286 diputados y 50 senadores desde febrero de 2027, garantizándose el control de ambas cámaras legislativas.
Este músculo parlamentario resulta clave para las aspiraciones políticas de la familia Bolsonaro. Flávio prometió impulsar una ley de amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, quien permanece inhabilitado y condenado a 27 años y tres meses de cárcel por los actos golpistas de 2022, según la sentencia firme dictada por el Supremo Tribunal Federal en noviembre de 2025. La conformación del nuevo Congreso será el factor determinante para viabilizar o frenar dicho perdón judicial.
