Doble ofensiva judicial sobre la AFA: exhorto a EE.UU. y apelación en el caso Toviggino
Nico Vedia
Las investigaciones sobre los negocios de la cúpula de la AFA sumaron dos novedades en los tribunales. Por un lado, la fiscal Silvana Russi pidió que se envíe un exhorto a Estados Unidos para obtener de manera oficial los movimientos financieros de TourProdEnter. Por el otro, los fiscales Sebastián Bringas y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de familiares y socios del tesorero Pablo Toviggino en la causa por la mansión de Pilar. Ambos expedientes alcanzan al entorno del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, quien se encuentra en Suiza por una reunión de la FIFA.
El pedido de documentación a Estados Unidos
Russi, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó a la jueza Paula Petazzi que libre un exhorto a la Justicia estadounidense para incorporar formalmente la documentación bancaria reunida mediante el procedimiento conocido como discovery. Se trata de los movimientos de TourProdEnter LLC, firma del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que recibió fondos en nombre de la AFA por contratos comerciales y otros derechos vinculados con la Selección argentina.
El planteo se realizó en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA, por la presunta ruptura de un contrato para organizar partidos amistosos del seleccionado.
Según el pedido, los registros permitirían reconstruir movimientos por unos USD 300 millones y transferencias por cerca de USD 40 millones a sociedades estadounidenses cuyos beneficiarios y actividades están bajo sospecha. Entre las entidades mencionadas en los procedimientos para obtener información figuran Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Synovus Bank y PNC Bank.
Qué se busca determinar
La incorporación oficial de esos registros sería clave para las distintas causas abiertas en el país. Permitiría, en especial, establecer el destino final de los fondos recaudados por los derechos comerciales de la Selección que dirige Lionel Scaloni. También aportaría elementos para verificar si todos esos ingresos fueron asentados en los balances de la AFA y si las transferencias de TourProdEnter tuvieron una justificación comercial comprobable.
Mientras aguarda el trámite del exhorto, Russi obtuvo un dictamen del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, favorable a que la investigación continúe en la Justicia de la Capital Federal y no pase a Zárate-Campana. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver ese conflicto de competencia.
La apelación por el sobreseimiento
El segundo frente corresponde a la causa por la mansión de Pilar. Bringas, fiscal federal de Zárate-Campana, y Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentaron en forma conjunta una apelación contra el sobreseimiento que dictó el juez federal Adrián González Charvay a favor de familiares y socios de Toviggino.
Los fiscales advirtieron que transformar una desestimación en un sobreseimiento podría convertir el caso en “cosa juzgada” e impedir nuevas investigaciones sobre los movimientos financieros e inmobiliarios del entorno del tesorero. Para el Ministerio Público Fiscal, cerrar la causa sin profundizar en las pruebas es una falencia grave que debe revisar la Cámara Federal de San Martín, integrada por Alberto Lugones y Juan Pablo Salas, sala a la que llegó la apelación.
El camino de la causa
La investigación había sido iniciada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien fundó su acusación, presentada en mayo, en informes de ARCA y otros organismos públicos. El juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay, desestimó la denuncia. Más tarde, la Cámara Federal de Tucumán dispuso que el expediente quedara radicado en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, por una cuestión de competencia.
Por qué es cuestionado el fallo
A pedido de las defensas, González Charvay resolvió la semana pasada que las personas y empresas denunciadas por Simón no estaban sometidas a proceso, ya que, a su criterio, no existía una acción penal legalmente promovida. Fue más allá de la desestimación y dispuso el sobreseimiento, con base en el artículo 336, inciso 4°, del Código Procesal Penal de la Nación, que se aplica cuando se establece que el delito investigado no fue cometido por el imputado. Dejó constancia, además, de que el trámite no afectó el buen nombre y honor de los sobreseídos y de que nunca hubo medidas cautelares ni restricciones en su contra en ese expediente.
La diferencia jurídica es importante. Una desestimación no tiene necesariamente los mismos efectos que un sobreseimiento firme, que las defensas pueden invocar para impedir una nueva persecución penal por los mismos hechos. Ese es, precisamente, uno de los principales cuestionamientos de Bringas y Velasco: que una decisión adoptada sin profundizar la investigación termine cerrando de forma definitiva la posibilidad de examinar operaciones patrimoniales millonarias.
Según el planteo fiscal, González Charvay tiene desde hace ocho meses la causa principal contra Toviggino y Tapia sin avances significativos.
