Quebró una algodonera vinculada a Vicentin: debe más de US$ 260 millones y peligra el empleo de 350 trabajadores

La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, una empresa textil vinculada a la familia Vicentin que acumula una deuda superior a los US$ 260 millones con el Banco Nación y emplea a unos 350 trabajadores. La decisión se tomó después de que fracasaran los intentos de reestructurar sus obligaciones y no se presentaran interesados en el procedimiento de salvataje destinado a evitar la liquidación.

La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini, luego de que la compañía agotara las instancias previstas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. La firma estaba en concurso preventivo desde 2024 y, durante ese período, presentó distintas propuestas para reorganizar sus pasivos, pero no consiguió las mayorías necesarias para su aprobación.

El Banco Nación, principal acreedor de la empresa, rechazó las alternativas de pago por considerarlas insuficientes. Según consta en el expediente, la entidad reclama US$ 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89. Una parte importante de esas obligaciones está relacionada con garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia.

Pese a la declaración de quiebra, la resolución no ordenó el cierre inmediato de las plantas. La Justicia deberá evaluar si resulta conveniente mantener temporalmente la actividad para preservar el valor de las instalaciones y facilitar una eventual venta de la compañía en funcionamiento.

Por qué quebró Algodonera Avellaneda

El proceso concursal atravesó varias prórrogas y alternativas de negociación antes de llegar a la quiebra. En diciembre de 2025, el juez extendió el período de exclusividad para que la empresa intentara reunir las conformidades de sus acreedores. En febrero de 2026 volvió a ampliar los plazos, aunque por un período menor al solicitado.

En julio se habilitó otra instancia extraordinaria para buscar un acuerdo, pero las conversaciones tampoco prosperaron. Uno de los principales conflictos fue la participación del Banco Nación en el cómputo de las mayorías necesarias para aprobar la propuesta.

Algodonera Avellaneda solicitó que la entidad fuera excluida de esa votación, al sostener que mantenía una posición hostil frente a la compañía. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo el 14 de septiembre y consideró improcedente apartar al banco del procedimiento.

La última alternativa fue el cramdown, un mecanismo que permite que terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores intenten adquirir las acciones de una sociedad y presenten una nueva propuesta para evitar su liquidación.

El registro permaneció abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre, pero no se inscribieron empresas, acreedores ni cooperativas. Ante la falta de interesados y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, Lorenzini declaró la quiebra indirecta de la sociedad.

El magistrado consideró agotadas las alternativas disponibles y advirtió que una nueva extensión del concurso podía agravar la situación patrimonial de la firma.

Una deuda que siguió creciendo durante el concurso

A los compromisos financieros con el Banco Nación se sumaron otras obligaciones acumuladas durante el proceso judicial. De acuerdo con el expediente, la sindicatura registró un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87, correspondiente a deudas generadas durante 2025 y 2026.

El monto incluye compromisos por energía eléctrica, impuestos y obligaciones laborales, entre otros gastos vinculados con la actividad industrial.

La acumulación de esos pasivos se produjo mientras la empresa intentaba sostener sus operaciones y negociar una salida financiera. Las dificultades para afrontar los gastos corrientes también condicionaron el funcionamiento de sus establecimientos y el pago de los salarios.

Qué pasará con los trabajadores y las plantas

Uno de los principales interrogantes tras la quiebra es el futuro de los aproximadamente 350 a 360 empleados de la compañía, que atravesaron meses de dificultades para cobrar sus haberes.

Algodonera Avellaneda tiene su principal planta de hilandería en Reconquista, Santa Fe, y dos desmotadoras de algodón: una en General Pinedo, Chaco, y otra en Banderas, Santiago del Estero.

La planta de Reconquista trabaja alrededor del 60% de su capacidad mediante el sistema de fasón, una modalidad en la que procesa materia prima para terceros. Los ingresos obtenidos por esos trabajos permiten afrontar parte de los gastos operativos, incluidos los salarios.

Por el momento, la quiebra no implica el cierre automático de las instalaciones. El juez instruyó a la sindicatura para que evalúe si conviene mantener transitoriamente la explotación de la empresa mientras avanza la liquidación judicial.

Para determinarlo, los síndicos deberán presentar un plan operativo que detalle los ingresos y egresos previstos, la cantidad de trabajadores necesarios para sostener la actividad y los mecanismos de control de los fondos generados.

Entre las alternativas se contempla vender Algodonera Avellaneda como una empresa en funcionamiento o transferir por separado aquellas unidades productivas que puedan continuar operando de manera independiente. La continuidad de la actividad dependerá de su viabilidad económica y de las condiciones que establezca la Justicia.

Las medidas judiciales y la audiencia del 22 de octubre

La sentencia dispuso que la sociedad pierda la administración de su patrimonio, que quedó bajo control de la sindicatura. También ordenó la incautación de los bienes, las instalaciones industriales y la documentación de la compañía para avanzar con las tareas correspondientes a la quiebra.

La resolución estableció, además, la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio, conforme a las restricciones previstas en el proceso. Los administradores tampoco podrán salir del país sin autorización judicial.

En paralelo, el magistrado convocó a una audiencia para el 22 de octubre, con la participación de acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros actores vinculados con la actividad de la firma.

En ese encuentro se analizarán las posibilidades de mantener la producción, las condiciones necesarias para sostener las plantas y las alternativas para vender los activos. La definición será clave para determinar si la actividad industrial puede continuar de manera temporal y qué posibilidades existen de preservar puestos de trabajo durante la liquidación.