El Presupuesto 2027 tendría fondos para financiar las universidades sin alterar el equilibrio fiscal
Nico Vedia
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo nacional incluiría recursos suficientes para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sin modificar el resultado fiscal previsto. Así lo sostiene un informe técnico de Zentrix Consultora, que identifica fondos sin asignación específica que podrían destinarse al sistema universitario.
Según el estudio, la aplicación de la Ley 27.795, que establece medidas de financiamiento para las universidades nacionales y de recomposición salarial docente, demandaría entre $2 billones y $3,65 billones durante 2027, según el alcance de las medidas implementadas.
En paralelo, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones de libre disponibilidad dentro de las Obligaciones a cargo del Tesoro. De acuerdo con el análisis, esos recursos ya están incluidos en el gasto total proyectado, por lo que reasignarlos a las universidades no alteraría el resultado fiscal estimado por el Gobierno, aunque reduciría el margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre su destino.
La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso insistió con su aprobación tras el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que la norma no especificaba el origen de los recursos necesarios.
Desde entonces, la Justicia intervino en distintas instancias. Según el informe, se dictaron medidas para garantizar la aplicación de las disposiciones vinculadas con salarios y becas, mientras que el 6 de octubre un juzgado federal ordenó cumplir la ley en su totalidad. Esa decisión fue apelada por el Gobierno.
Cuánto costaría aplicar la ley
El informe de Zentrix toma como referencia los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales.
Si se contemplan únicamente las exigencias de la medida cautelar, centradas en la recomposición salarial y las becas, el costo estimado rondaría los $2 billones.
En cambio, la aplicación integral de la ley, que incluye la actualización de los gastos de funcionamiento y recursos para hospitales universitarios y ciencia, demandaría entre $2,45 billones y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.
El estudio señala que esos montos equivalen a entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, y representan entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los fondos que identifica el proyecto
El Presupuesto 2027 prevé un incremento de las Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasarían de $5,6 billones a $14,8 billones. Dentro de esa partida, $7,68 billones figuran como otras asistencias financieras sin un destino previamente establecido.
Al descontar los recursos previstos para aumentos salariales del Estado, por $1,45 billones, y el presupuesto universitario actual, calculado en $0,30 billones, el informe identifica $5,93 billones sin asignación específica.
De acuerdo con Zentrix, el financiamiento integral de la ley universitaria requeriría, como máximo, el 62% de esos fondos.
El análisis sostiene que no sería necesaria una nueva ley para realizar la reasignación. Como fundamento, menciona las facultades previstas en la Ley de Administración Financiera 24.156 y las atribuciones de reasignación contempladas en el propio proyecto presupuestario.
También plantea que, si el Congreso incorpora las partidas correspondientes durante el tratamiento del Presupuesto 2027, dejaría de existir el argumento utilizado para suspender la aplicación de la norma, basado en el artículo 5 de la Ley 24.629.
El impacto sobre los salarios y la investigación
El informe advierte que nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan al pago de salarios. Por ese motivo, sostiene que la diferencia entre los créditos presupuestarios asignados y la inflación repercute directamente sobre los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Según el estudio, pese a que el acuerdo de junio interrumpió una caída de 19 meses consecutivos, el salario real continúa un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El documento también cita datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según los cuales unos 10.000 docentes renunciaron durante ese período. Además, indica que en 2025 la ejecución real de los fondos universitarios destinados a Ciencia y Técnica representó el 38% del nivel registrado en 2023.
La discusión continuará en la Justicia y el Congreso
El proyecto de Presupuesto 2027 también plantea diferencias con la Ley 27.795 por el límite al crédito presupuestario establecido en función de las plantas de personal a noviembre de 2026. Según el informe, ese criterio entra en tensión con las disposiciones de la norma sobre negociaciones salariales trimestrales y actualizaciones por inflación.
El estudio calcula que, por cada cinco puntos de desvío inflacionario, se generaría una brecha de $0,32 billones sin financiamiento previsto.
En este escenario, la controversia seguirá su curso judicial y legislativo. La resolución dependerá de las instancias de apelación y del tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde todavía podría incorporarse una partida específica para financiar la ley universitaria.
