Piden procesar a José Luis Espert por los US$ 200.000 vinculados a Fred Machado
Nico Vedia
El Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero vinculada con una transferencia de US$ 200.000 que recibió de una empresa relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado. El pedido fue presentado por el fiscal Fernando Domínguez ante la Justicia de San Isidro.
El requerimiento también alcanza a Mariano Cosentino, excontador del economista. Ahora, el juez Lino Mirabelli deberá decidir si dispone los procesamientos solicitados o si adopta otra resolución sobre la situación de ambos imputados.
La investigación se centra en una transferencia realizada en enero de 2020 por Wright Brothers Aircraft Inc., una firma vinculada a Machado, a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. Según la hipótesis fiscal, el movimiento de fondos se produjo en el marco de un contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, que los investigadores consideran que podría haber funcionado como una pantalla.
Entre los elementos señalados por la acusación figura que Espert no habría viajado a Guatemala ni existen constancias de que haya estado en la mina relacionada con el supuesto contrato de asesoría.
La hipótesis fiscal sobre el destino del dinero
En su dictamen, Domínguez sostuvo que el dinero recibido por Espert habría sido incorporado posteriormente al sistema económico y financiero argentino y utilizado para adquirir distintos bienes. Según el fiscal, esa operatoria podría haber dado apariencia lícita a los fondos originales o a los bienes adquiridos con ellos.
La investigación también apunta al papel que habría desempeñado Cosentino. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el excontador evaluó distintas alternativas para justificar el ingreso de los fondos, entre ellas declararlos como una prestación de servicios, una prestación incumplida, una donación o un aporte de campaña. También se habría considerado la posibilidad de no exteriorizar la operación.
En un dictamen anterior, el fiscal había sostenido que la intervención del contador permitió incorporar los activos al circuito formal de la economía. Ahora, ambos pedidos de procesamiento quedaron sujetos a la decisión del juez.
La defensa de Espert rechaza la acusación
La defensa del exdiputado, a cargo de los abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, presentó un nuevo escrito con elementos que, según sus argumentos, respaldarían su rechazo a la imputación.
Los representantes legales cuestionan que se haya demostrado el origen ilícito del dinero y sostienen que, sin esa acreditación, no se configura el delito de lavado de activos.
También rechazaron las sospechas sobre una eventual simulación del contrato de asesoramiento. Según la defensa, el documento cuenta con certificación de firmas, apostilla internacional y registros de su elaboración e intercambio a través de correos electrónicos.
En un comunicado difundido anteriormente, Espert negó haber lavado dinero y afirmó que los fondos permanecieron en una cuenta a su nombre, fueron utilizados por él y se pagaron los impuestos correspondientes. Además, sostuvo que el dinero no fue devuelto a Machado.
El planteo de la defensa deberá ser considerado en el marco de la resolución que debe adoptar Mirabelli sobre el pedido fiscal.
Cómo comenzó la investigación
El caso tomó estado público a partir de una investigación periodística de Sebastián Lacunza, publicada en El Diario AR, y fue denunciado ante la Justicia por el diputado nacional Juan Grabois.
La información surgió del hallazgo de una contabilidad paralela que fiscales de Texas, Estados Unidos, atribuyeron a una empresa vinculada con Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin. En esos registros figuraría una transferencia de US$ 200.000 a favor de Espert, fechada el 1 de febrero de 2020.
La causa adquirió relevancia pública cuando Espert era candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Tras la difusión de la denuncia, el economista renunció a esa candidatura y se apartó de la actividad política.
Con el nuevo requerimiento del fiscal Domínguez, la investigación entra en una etapa en la que el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para dictar los procesamientos solicitados. Hasta el momento, la decisión judicial permanece pendiente.
