El Gobierno apeló el fallo por el financiamiento universitario y demora su aplicación

El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025, que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó avanzar con el cumplimiento de la normativa.

El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano contra la resolución del juez Martín Cormick. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvieron que la sentencia genera un “gravamen irreparable” y cuestionaron los fundamentos utilizados para disponer la ejecución de la ley.

En el escrito, el Ejecutivo afirmó que la decisión provoca “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, al considerar que ordena aplicar la normativa a partir de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario, sin responder adecuadamente a los argumentos planteados por el Estado nacional.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto financiero de la medida. Según el Gobierno, el cumplimiento de la ley tendría consecuencias presupuestarias de gran magnitud y comprometería el equilibrio de las cuentas públicas, debido a que no se establece una fuente de financiamiento específica y suficiente.

Además, el Ministerio de Capital Humano objetó la utilización del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el Ejecutivo, ese procedimiento no sería adecuado para resolver una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos.

En relación con los recursos necesarios para implementar la normativa, el Gobierno sostuvo que la Ley 24.629 debe interpretarse en conjunto con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan aspectos vinculados con la autorización y ejecución del gasto público.

En ese marco, señaló que, si los gastos adicionales deben cubrirse mediante reasignaciones presupuestarias, será necesario reducir partidas destinadas a otras áreas. Según el planteo oficial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

El recurso también advierte sobre una posible afectación de la división de poderes. Desde el Gobierno argumentaron que la sentencia obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con las normas de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente.

Con la apelación, la Nación busca que se revoque la resolución judicial y cuestiona los plazos establecidos para cumplir con la normativa, en un contexto de reclamos del sector universitario por la actualización de las partidas presupuestarias y el avance de las negociaciones paritarias de docentes y no docentes.