Ley de Tierras: la Corte convocó a un acuerdo extraordinario para definir la cautelar

En un movimiento de máxima celeridad procesal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue convocada a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9:00 con el objetivo de resolver un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras (Ley 26.737). El llamado fue dispuesto por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, y busca definir la solicitud de una medida cautelar que, de concederse, repondría en forma provisoria las restricciones a la adquisición de campos por parte de personas o corporaciones extranjeras, neutralizando de forma temporal la derogación dispuesta en el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei.

La audiencia adquiere una relevancia política determinante: en el Congreso, bloques de la oposición impulsan una sesión especial para el próximo jueves con el fin de derogar la totalidad del DNU 70/23 como reacción al fallo dictado por la Corte la semana pasada. Una eventual decisión cautelar del máximo tribunal sobre el régimen de tierras podría reconfigurar la negociación parlamentaria y desactivar la embestida opositora en la Cámara de Diputados.

División en el tribunal y votación con conjueces

La convocatoria extraordinaria se destrabó luego de que los tres ministros titulares de la Corte no alcanzaran una posición unánime sobre cómo tramitar la causa:

• La postura de los jueces: mientras que Carlos Rosenkrantz se opone a modificar el escenario fijado tras la sentencia previa, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se muestran inclinados a dar curso a la revisión y evaluar la medida de protección.

• Integración con conjueces: ante la falta de una mayoría de tres votos, fueron incorporados al acuerdo los camaristas Diego Barroetaveña (de la Cámara Federal de Casación Penal) y Juan Ignacio Pérez Curci (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza).

• Reducción de plazos e hito procesal: la Corte acortó de 72 a solo 24 horas el plazo para recusar a los conjueces y declaró la habilitación de "días y horas inhábiles" para acelerar los tiempos de notificación. Vencido dicho término sin impugnaciones, se formalizó el llamado a la sesión decisiva.

La distinción procesal frente al antecedente del CECIM

El expediente a estudio responde a un recurso de "aclaratoria" y cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades originarias Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes exigen precisar si el fallo de la semana pasada —que revocó la inconstitucionalidad del DNU promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM)— alcanza también a su amparo colectivo.

A diferencia de la demanda del CECIM, desestimada por el tribunal al considerar que la entidad no contaba con representación legal suficiente en materia de soberanía nacional, los nuevos accionantes argumentan contar con títulos de legitimación propios e independientes:

• Defensa del medio ambiente: invocan la protección de bienes de incidencia colectiva, la biodiversidad y los recursos naturales vulnerados por la desregulación de la propiedad rural.

• Derechos indígenas: reclaman la tutela expresa sobre territorios ancestrales comunitarios, constitucionalmente protegidos, frente al impacto de la venta indiscriminada de tierras.

Las alternativas técnicas que evalúa el máximo tribunal

Si la Corte acepta tratar el pedido de aclaratoria diferenciándolo del caso CECIM, quedará habilitada para decidir el curso del expediente. Aunque existe la opción formal de girar las actuaciones nuevamente a la justicia federal de primera instancia (en La Plata o Bariloche), juristas y fuentes judiciales no descartan que, dada la urgencia institucional, el tribunal dicte una medida cautelar interina propia para congelar los efectos del DNU 70/23 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.