El FMI cuestiona los subsidios generalizados y pide focalizar la asistencia
Nico Vedia
El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó los subsidios generalizados destinados a contener el costo de las tarifas y recomendó avanzar hacia transferencias temporales y focalizadas para proteger a los sectores de menores ingresos.
La postura fue difundida este martes a través de un análisis basado en el capítulo 2 del World Economic Outlook (WEO), bajo el título “Apoyo focalizado, no subsidios, puede proteger mejor a las personas cuando la inflación se dispara”.
El organismo analizó el impacto de las crisis del costo de vida, agravadas por conflictos internacionales que presionaron sobre los precios de los alimentos y la energía. Según el FMI, estos aumentos afectan con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos, deterioran el poder adquisitivo y pueden generar mayores dificultades para contener las expectativas inflacionarias.
La advertencia sobre los costos
De acuerdo con el análisis del Fondo, los subsidios generalizados y los controles de precios pueden resultar ineficientes y costosos como mecanismo de protección social.
El organismo estimó que proteger a los sectores vulnerables mediante subsidios al consumidor puede costar entre tres y seis veces más que otorgar asistencia directa. En el caso de los subsidios a productores, el costo puede ser entre 14 y 22 veces superior.
El FMI también señaló que los subsidios destinados a la energía y los combustibles suelen beneficiar en mayor proporción a los sectores de mayores ingresos. En los países analizados, indicó que menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos llegaron al 20% más pobre de la población.
Frente a este escenario, el organismo planteó como alternativa la utilización de los sistemas de protección social existentes para implementar transferencias de ingresos temporales y focalizadas, con el objetivo de asistir a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, limitar el impacto sobre las cuentas públicas.
Qué ocurre con las tarifas en Argentina
El debate tiene un impacto concreto en Argentina, donde el proceso de reducción de subsidios a las tarifas modificó de manera significativa el costo de los servicios públicos.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 867%, frente a una suba estimada del 254% en el nivel general de precios.
Durante septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $268.405 para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable.
Los mayores incrementos dentro de ese período correspondieron al gas natural, con una suba superior al 1.600%, y al transporte, que aumentó casi un 1.500%.
La canasta de servicios públicos representó en septiembre el 14,6% del salario promedio registrado, estimado en $2.024.647. A fines de 2023, esa proporción era inferior al 6%.
El Estado todavía cubre parte de los costos
Pese al fuerte incremento acumulado de las tarifas, el Observatorio estimó que los hogares del AMBA pagan, en promedio, el 54% del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado cubre el 46% restante mediante subsidios.
En paralelo, el FMI también cuestionó los mecanismos de actualización generalizada de ingresos. En particular, advirtió sobre la indexación de salarios mínimos, salarios públicos y jubilaciones durante períodos de crisis.
Según el organismo, cuando existe poco margen fiscal, este tipo de aumentos puede deteriorar las cuentas públicas y contribuir a sostener la inercia inflacionaria, en lugar de concentrar la asistencia en los sectores que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.
